n su artículo del pasado jueves 3 de enero en Reforma, Alberto Olvera, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana, pasa revista a las dificultades que encara el proyecto de nuevo régimen del gobierno. Recentralizar el ejercicio del poder y darle nuevos alientos al presidencialismo, nos dice, puede topar con unas realidades ingratas por heterogéneas e institucionalmente débiles en el orden del gobierno local, en los estados de la federación o en los municipios.

Difícilmente se puede construir un nuevo régimen, concluye Olvera, con cuadros provenientes del viejo orden y políticos faltos de experiencia y liderazgo. Suplir esa debilidad mediante un gobierno hipercentralista es una quimera, pues no hay capacidad disponible en el nivel federal ni para enfrentar sus propios retos. La debilidad del Estado local puede ser el talón de Aquiles del nuevo régimen.

Por donde empecemos la reflexión sobre la Cuarta Transformación desde una perspectiva de forma y régimen de gobierno, vamos a topar con esta dura y rejega verdad: los años de desestatalización del Estado, tanto en el frente social como en el propiamente político que tiene que ver con la unidad de la República, no pasaron en vano y la invocación del viejo presidencialismo será de poca ayuda. Poco o nada servirá, si no se asume como verdad política fundacional la referida debilidad y precariedad de lo que nos dejó una descentralización entendida sobre todo como desafane del poder federal, y de lo que sobre estos precarios equilibrios ha implicado una evolución económica en extremo desigual en lo productivo y lo social.

La república cuarteada ha dejado de ser metáfora facilona, para volverse realidad de a kilo. Podemos, en realidad debemos, suponer que Morena no va a ocupar todos los nichos del poder local y que las modalidades de relación introducidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no va ni puede significar una reconversión total de las relaciones políticas y de poder que dan cuerpo y sentido a lo que conocemos como federalismo. De que pueda llegarse pronto a una convención en todos los niveles del Estado sobre la ruta a seguir para enmendar todo esto y empezar a hacerlo pronto, dependerá cada vez más la estabilidad del régimen que se quiere renovar o transformar.

De esto dependerá, a su vez, la capacidad que el Estado nacional pueda desplegar para entablar una relación soberana y fructífera con el resto del globo y, en particular, con los Estados Unidos de América. La migración interna y trasnacional, que cruza toda nuestra geografía física y humana, no hará sino complicar todavía más este abigarrado mapa del poder y su ejercicio. Habrá que agregar a este apunte, la ingente necesidad de darle al desarrollo regional un auténtico calificativo de proyecto nacional. Por más virtudes que le otorguemos a proyectos como el Tren Maya o el Transoceánico, son eso y nada más, proyectos de gran visión o amplio espectro, pero, por ellos mismos, incapaces de imprimirle al desempeño territorial mexicano una dinámica y unos contenidos potencialmente transformadores de las relaciones humanas, sociales y políticas que han desfigurado el esquema federalista originario.

Enmendado una y otra vez por los grandes proyectos de nación ofrecidos en el siglo XIX por el gobierno de Porfirio Díaz y en el siglo XX por los regímenes emanados de la Revolución y amarrados a la industrialización dirigida por el Estado, este esquema reclama hoy una revisión a fondo que, además, tiene que apegarse con claridad y rigor al código democrático.

El presupuesto aprobado hace unos días, confirma este inventario de debilidad y heterogeneidad que define el subsuelo cercano de nuestras contrahechuras republicanas. Tendrían que ser el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en renovación, los marcos para unas ponencias con esta ambición y alcances. A los gobernadores les toca ahora escuchar y tomar nota, porque su desempeño como protagonistas del drama federal dejó mucho que desear y mucha deuda por saldar.