La administración de la Cámara de Diputados concluyó la licitación para contratar a una empresa que le brinde servicios de limpieza, y tras muchos años en que firmas tercerizantes (outsour-cing) pertenecientes a la familia Reyes Saldívar ganaran el concurso de forma consecutiva, éstas cesarán actividades en San Lázaro.

En años recientes se denunció que cientos de mujeres y hombres que limpiaban el recinto legislativo eran sobrexplotados bajo el régimen de tercerización. Ahora, con la nueva ganadora de la licitación se espera que mejoren las condiciones laborales en el lugar.

Y es que después de décadas de opacidad en la contratación de ese servicio, se tendrá un proveedor fuera de la red de empresas propiedad de Marco Antonio Reyes Saldívar. A lo largo de 20 años, el propietario de las empresas construyeron una organización que se extiende al sindicato de obreros y empleados de mantenimiento, conservación, limpieza, seguridad y servicios en general.

En información proporcionada por la Secretaría General de la Cámara de Diputados se refiere que entre el grupo de empresas contratadas se encontraban Reisco Operadora de Servicios, que prestó el servicio de limpieza en la Cámara de Diputados hasta noviembre pasado, y hoy se encuentra inhabilitada por irregularidades en sus contratos.

Se dijo a este diario que se han detectado resistencias por parte de los proveedores que ganaban los contratos en las administraciones del PRI y del PAN. En este caso concreto de la limpieza ya empezó una campaña de desprestigio a los procesos licitatorios que se están llevando a cabo por el nuevo gobierno.

La firma ganadora en la Cámara de Diputados se llama Joad Limpieza y Servicios, y pertenece a Jorge Sanromán. En la Secretaría General se informó que por medio de una campaña orquestada por la empresa que prestaba el servicios de limpieza, se ha tratado de confundir a la opinión pública desprestigiando a competidores y al equipo de la nueva secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, quien llegó al cargo a propuesta del grupo parlamentario de Morena.

El Conalep y el Sistema de Transporte Colectivo Metro ya rescindieron los contratos a Riesco para dar cumplimiento a la inhabilitación.