La discriminación estructural hacia los adultos mayores es causa de la pobreza en que viven y al mismo tiempo la acentúa. Más de 40 por ciento se encuentran en esta situación, refirió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Agregó que estas personas no tienen muchas posibilidades ser contratadas porque empresas y gobierno las consideran poco productivas, en el mejor de los casos, o inútiles, en el peor.

Advierte que incluso cuando se les llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales, con el argumento de que se hace por filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades.

Al no tener ingresos suficientes, la mayoría depende casi por completo de su familia o los programas sociales. “Como consecuencia, en ocasiones las familias las consideran una ‘carga’ y por eso se les maltrata, abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado muchas veces se les considera destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas que no promueven su inserción”.

En México, 7.2 por ciento de la población tiene 65 años o más. La mayoría son mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, casi la mitad de las personas con discapacidad (47.4 por ciento) tiene 65 años o más. El analfabetismo es más elevado entre los adultos de más edad y siempre es mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años llega a 18.9 por ciento, frente a 12 por ciento en los hombres.

Sólo cuatro de cada 10 personas mayores (39 por ciento) tienen acceso a servicios de salud públicos. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 reveló que 17 por ciento de los mexicanos no rentaría una habitación a una persona mayor; una cuarta parte (24 por ciento) estaría poco o nada de acuerdo con que alguien de mayor edad llegara a la Presidencia de la República.

Agrega que casi la mitad (45 por ciento) cree que sus derechos son poco o nada respetados. Entre 2012 y junio de 2018 este organismo calificó 213 expedientes de presuntos actos de discriminación hacia personas mayores, de los cuales 121 son quejas contra particulares y 92 contra servidores públicos; 45 por ciento se dio en el ámbito laboral.

Entre los derechos vulnerados, el más frecuente fue el trato digno (63 por ciento), seguido por el trabajo (39 por ciento) y la igualdad de oportunidades (30).