La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que en los operativos contra profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación deGuerrero (Ceteg) y la población del municipio de Tlapa de Comonfort, en esa entidad, realizados el 5 y 7 de junio de 2015, elementos del Ejército, de la Policía Federal (PF) y agentes estatales incurrieron en violaciones a las garantías.

En las acciones policiales hubo varios detenidos sin sustento ilegal y con uso excesivo de la fuerza que derivó en un estudiante universitario asesinado y varios lesionados; además, se atentó contra la integridad y dignidad de las personas, así como contra la inviolabilidad de domicilio, determinó el organismo nacional que también señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) vulneró el derecho de acceso a la justicia al no indagar a fondo los hechos.

Por ello, la CNDH emitió la recomendación 85/2018 dirigida a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de la PGR, Alejandro Gertz; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; y al fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos.

Días antes del 5 de junio de 2015, pobladores del municipio y profesores de la Ceteg habían realizado una serie de movilizaciones contra el proceso electoral en el estado, lo que generó operativos de los cuerpos estatales y federales de seguridad. Entre otras acciones, el 5 de ese mes, los uniformados federales irrumpieron en forma violenta al domicilio de una de las víctimas y a las oficinas de la Ceteg.

Ahí detuvieron de manera ilegal a varias personas, entre ellos un menor de edad y uno de los aprehendidos fue torturado.

Debido a ello, los pobladores retuvieron a 35 agentes federales en la iglesia de la colonia Tepeyac y advirtieron que los soltarían una vez que los civiles detenidos fueran liberados. Tras varias negociaciones, se acordó el intercambio, pero según los quejosos la PF lo incumplió y el 7 de junio reactivó el operativo y desalojó a los pobladores para recuperar a los elementos federales. Para ello se usaron gases lacrimógenos y armas de fuego, dejando lesionadas a 17 personas y a un fallecido.

LA CNDH desaprueba los actos ilícitos cometidos por cualquier persona en contra de otra y, en particular, contra las fuerzas del orden público, porque ninguna protesta o exigencia social justifica realizar conductas contrarias a derecho, como tampoco la autoridad debe excederse en el uso de la fuerza.

Tras sus indagatorias, el organismo concluyó que con su actuación los estatales y federales, además de los militares, transgredieron diversos derechos humanos, por lo que hizo una serie de exigencias a las autoridades a las que está dirigida la recomendación.

Por ejemplo, al titular de la Sedena le pide, entre otras cosas colaborar con la integración de la denuncia de hechos que la misma comisión interpuso ante las instancias correspondientes.