El total de la planta laboral del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) quedó fuera, tras ser notificado de la suspensión del puesto con el cambio de gobierno en la capital. Pese a tener antigüedad de siete u ocho años en la atención de niños, jóvenes y población con problemas de adicción a sustancias tóxicas, fueron despedidos arbitrariamente, denunciaron los trabajadores.

Sicólogos, pedagogos, antropólogos, siquiatras e investigadores fueron sustituidos por topógrafos, músicos y otros encabezados por el actuario Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, nuevo titular del IAPA, quien consideró que no hay cabida para los especialistas en la nueva estructura, expusieron los despedidos.

Hace un mes, cuando empezó la transición, intentaron conocer el cambio, pero no hubo diálogo. Hernández Palacios ni siquiera se presentó ante el personal, relataron, y manifestaron que se comenzó a citar a los trabajadores para exigirles la renuncia, pero ante las denuncias públicas que hicieron se detuvieron.

La referencia que tienen del nuevo titular es que fue el sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo en la ex delegación de Tlalpan y su equipo viene de la misma demarcación. Rechazaron, como afirmó la jefa de Gobierno, ser una cuota política, porque llegaron en la gestión de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, y se mantuvieron durante todos estos años, pese al cambio de titulares.

Los más difícil para los trabajadores fue el maltrato de que fueron víctimas, porque tras siete u ocho años de labor nos echaron a la calle sin ningún respeto a los derechos humanos, menos a los laborales, expresaron.

Ayer los empleados realizaron una protesta en demanda de considerar su trabajo, experiencia y especialización en el IAPA, pero si no cubren el perfil, entonces, como afirmó Sheinbaum, se les retire conforme lo marca la ley. No obstante, dijeron, solicitarán audiencia a la jefa de Gobierno y no descartan llegar a los tribunales.

Por otra parte, en el Congreso capitalino, trabajadores con entre cinco y 20 años de servicio en la extinta Asamblea Legislativa que obtuvieron plazas de base al final de la última legislatura fueron afectados por el acuerdo unilateral que tomó la Junta de Coordinación Política para rescindir 77 basificaciones, denunció el secretario general del sindicato de la ALDF, Gaudencio Chávez.

Señaló que fue notificado de palabra, pero no se ha justificado legalmente dicho acuerdo, por lo que iniciará la defensa de los trabajadores. Explicó que de los 77 casos, 66 estaban afiliados a su organización. Admitió que algunos obtuvieron la plaza con un ingreso, no a pie de rama o de última categoría como marca la ley, sino con un nivel superior en el escalafón. Adelantó que se reunirá con el oficial mayor, Javier González Garza, para revisar los casos y que no solamente pasen la guillotina.

Mientras, trabajadores de nómina ocho de la alcaldía de Álvaro Obregón se manifestaron en la explanada delegacional tras su despido. Los afectados expusieron que al reanudar sus labores, el 2 de enero, el área de Recursos Humanos les informó que no se renovarían los contratos porque no hubo asignación de recursos para el referido rubro.