Elementos de la Policía Federal (PF) torturaron a un hombre tras detenerlo cuando descansaba con su familia en un hotel de Arcelia, Guerrero, por lo que violaron las garantías del agraviado, sentenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo nacional dirigió la recomendación 80/2018 al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, en la que aportó evidencias para acreditar violaciones al derecho a la integridad personal por actos de tortura atribuibles a los agentes de la PF, quienes además no ofrecieron pruebas de su versión de que la víctima les apuntó con una pistola e intentó huir, por lo que fue necesario aplicar técnicas de desarme para someterlo.

La CNDH aplicó al agraviado exámenes del Protocolo de Estambul y analizó diversas certificaciones médicas cuyos resultados indican que las lesiones y los señalamientos de la víctima respecto de la forma en que fue detenida son coherentes y verosímiles respecto del tiempo y forma en que ocurrieron los hechos. Las lesiones que el detenido presentó en el rostro y varias partes del cuerpo fueron infligidas de forma innecesaria para su detención y sometimiento.

El 5 de febrero de 2015, los agentes de la PF ingresaron a la habitación del hotel donde se encontraba el hombre, lo golpearon y al intentar quitarle dos anillos le desprendieron un dedo de la mano derecha. Después lo sacaron del lugar para subirlo a una patrulla donde continuaron lesionándolo; el agraviado fue derribado, un policía federal se le colocó encima y le tiró agua en el rostro mientras le exigía que se pusiera otro nombre y les señalara un domicilio donde había gente armada, informó la CNDH.

Los policías limpiaron el rostro de la víctima y le cambiaron la playera para conducirlo a las instalaciones de la PF en Iguala, donde un médico le suturó una herida en el ojo. Luego fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México. Actualmente se le sigue proceso por delitos contra la salud y portación de armada de fuego sin licencia.

La CNDH señala que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas o delitos, pero dichas acciones tienen que apegarse al marco legal y respeto a los derechos humanos.

Solicita a Durazo Montaño que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño al afectado, se le brinde atención sicológica y lo inscriba en su registro nacional. Además, la secretaría a su cargo deberá colaborar en la denuncia y queja que se formulen ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la PF contra los agentes que resulten responsables, entre otros exhortos.