La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México inició la adecuación de la situación laboral de mil 80 trabajadores de confianza, como parte de su restructuración, lo que para el personal significa su despido injustificado y renunciar a sus derechos laborales.

La aplicación de exámenes de confianza a agentes del Ministerio Público y policías de investigación –que ha llevado al cese de 20 elementos y cuatro están en proceso de notificación– es visto también como pretexto para evitar su recontratación.

Se trata, dijeron algunos trabajadores, de tener empleados a modo, aunque no cumplan con el perfil requerido para el puesto, y no cubrir la liquidación a que tenemos derecho quienes hemos prestado nuestros servicios hasta por 30 años, al obligarnos a firmar una renuncia con carácter de irrevocable.

Tras una protesta que realizaron frente al búnker, personal de estructura exigió a las autoridades capitalinas certeza jurídica sobre su situación laboral y cese a las amenazas para firmar su renuncia.

Con la firma de la renuncia e impresión de nuestra huella digital en el machote que están entregando los jefes de las distintas áreas, se renuncia a una indemnización o finiquito y a la posibilidad de seguir trabajando, pues no se ha presentado el nuevo tabulador de niveles, afirmaron.

Anuncian movilizaciones

“De concretarse nuestro despido, aún sin firmar un documento, recurriremos a la vía legal y a la movilización, pues, contrario a lo prometido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para despedir y bajar sueldos a altos funcionarios se está yendo contra los trabajadores.

La dependencia aclaró que la restructuración no significa el despido de personal, pues se trata de una adaptación conforme a un nuevo tabulador de salarios y niveles, por lo que el trámite será desocupar la plaza que desaparece y hacer los movimientos correspondientes.

Con ello, los trabajadores conservan todos sus derechos y, en algunos casos, incluso tendrían aumentos salariales, y aclaró que ya se notificaron algunas de las bajas de policías de investigación que no acreditaron sus exámenes de control de confianza realizados en la administración anterior.