Entidades federativas presentan omisiones y posibles irregularidades en el registro, conservación y destino de cadáveres no identificados. Esta situación se puso al descubierto este año cuando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de Gobernación solicitó a las autoridades estatales la ubicación y estado de casi 2 mil expedientes que habían sido confirmados –con procedimientos especiales de cotejo de huellas dactilares– como personas fallecidas no identificadas (de una lista inicial de 26 mil 676 cuerpos en esa situación eventual).

Los casos habían sido registrados en Plataforma México (a escala federal) como fallecidos no identificados que en algún momento fueron ingresados en forenses estatales en dicha calidad.

Sin embargo, años después, las entidades no encuentran ni las averiguaciones previas de lo que alguna vez reportaron como cuerpos sin identificar, pese a que los protocolos forenses exigen el cumplimiento de distintos estudios a los cuerpos, principalmente en el aspecto dactilar, para su posterior identificación.

Lo anterior refleja una situación grave de desorden, pero sobre todo de impunidad, dijeron funcionarios de Gobernación, consultados por este diario, a colación del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, emitido el miércoles pasado por el titular de la CNBP, Roberto Cabrera, el cual ofrece detalles de la magnitud de la problemática, agravada en el sexenio calderonista, y propone una metodología específica para abordarla.

El mayor número de presuntas omisiones se ha detectado en Jalisco, entidad a la que mandaron en meses recientes 658 registros de cuerpos bajo su jurisdicción –según lo que en su momento reportaron a Plataforma México–, pero sólo han podido sustentar 20. O sea, no saben dónde están más de 630 cuerpos, dijeron especialistas.

También con rezagos importantes aparece el estado de México, porque únicamente ha documentado y ubicado el destino de 30 de 168 requerimientos.

Se hacen los estudios de huellas dactilares (en bancos de datos y se cotejan con el registro de ciudadanos en poder del Instituto Nacional Electoral), luego, la información se manda a los estados y los encargados responden que no hallan los documentos básicos relacionados. Ello indica que tampoco saben dónde quedaron los cuerpos, explicaron las fuentes consultadas.

Una situación similar ocurrió con las fosas de Tetelcingo, Morelos, donde según los registros había 102 cuerpos, pero al momento de la exhumación encontraron 16 más.

La CNBP es la instancia responsable, por ley, de impulsar políticas públicas para la localización de personas. En junio instaló un grupo de identificación humana que evidenció, por primera vez, el tamaño de la problemática de cuerpos sin identificar (26 mil 676), y la necesidad de articular métodos especializados para enfrentar el caos en este ámbito.

Al inicio de la presente administración trascendió que se emitirá una convocatoria para elegir titular de la comisión.

De inmediato, familiares de víctimas manifestaron su rechazo a cualquier designación de tipo político porque, advirtieron, la CNBP debe ser encabezada por una persona sensible y experimentada en el tema, reclamaron.