as instituciones de educación superior públicas de nuestro país han sido baluartes de las luchas contra el autoritarismo gubernamental y en favor de la democratización y el cambio social en México. A sus contribuciones permanentes en los ámbitos de la generación y transmisión de conocimientos y de extensión de la cultura, se suman intervenciones de carácter político que han venido marcando la historia de México desde las luchas por la autonomía en 1929.
Recordemos sólo algunas de las más importantes. Desde los años cuarenta se dieron las luchas encabezadas por la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM), en las normales rurales y las del Instituto Politécnico Nacional en resistencia contra el desmantelamiento de la educación superior popular. En los sesenta, las estudiantiles universitarias de Sonora, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Puebla en defensa de las universidades, apoyo a luchas sociales y contra la represión, casi todas reprimidas por el Ejército.
Destaca por supuesto el movimiento estudiantil por las libertades democráticas de 1968 y la diáspora de movimientos sociales y proyectos democratizadores y revolucionarios a los que dio lugar. Desde su seno se gestaron organizaciones independientes de trabajadores, campesinos y movimientos populares; iniciativas para la creación de medios libres; proyectos insurreccionales, así como organizaciones y partidos políticos de oposición de izquierda, entre otros muchos atrevimientos políticos y culturales.
Entre ellos estuvieron también los intentos de democratización de escuelas, facultades y universidades en los años sesenta, entre los que sobresalen el proyecto social de arquitectura de autogobierno en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Pueblo, extendiendo su acción social a las zonas más pobres y marginales del estado de Guerrero. También en los años setenta, la construcción de sindicatos democráticos e independientes del corporativismo mexicano en casi todas las universidades del país; el apoyo a luchas sindicales y movimientos campesinos; y, por supuesto, las luchas por la defensa de los derechos humanos, contra la represión, la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos.
Una de las primeras acciones de resistencia contra el ajuste estructural y las incipientes políticas neoliberales se dio en la UNAM, con el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en defensa de la gratuidad, la ampliación del acceso y la permanencia de los estudiantes en la universidad. Se cuestionó el uso de conceptos empresariales como la excelencia, discurso que dio marco a las políticas eficientistas y privatizadoras en el ámbito de la educación superior.
La participación masiva de los universitarios ha marcado los procesos electorales, desde 1988 en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, así como en las elecciones de 1994 y 2000. Las preferencias electorales de estudiantes y profesores otra vez fueron masivas a favor de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2012 y de manera especialmente contundente en 2018. En este contexto se dieron también nuevas luchas en pro de la gratuidad, en 1999, y por la equidad electoral, con el #yosoy132, en 2012.
Es necesario dar cuenta de las grandes luchas contra la represión en Iguala y la exigencia de la presentación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que ha tenido su base principal en las normales rurales y las universidades públicas. Muy recientemente tenemos los movimientos en la UNAM y en otras universidades en contra de la violencia y la inseguridad, por la equidad de género, por la democratización de las universidades y en favor de la ampliación de la matrícula universitaria.
Desde los años ochenta las universidades públicas han sido objeto de fuertes presiones y limitaciones presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales. Con la excepción de la Universidad Autónoma de Ciudad de México no se ha creado ni una sola universidad pública autónoma. Se castigaron los salarios de los académicos y se instalaron sistemas de pagos por méritos (estímulos y SNI) que han estratificado profundamente a las plantas de profesores y han generado efectos perversos en la actividad académica..
Las universidades públicas mexicanas no han sido nunca espacios homogéneos y monolíticos. En ellas se ha reproducido el autoritarismo y la antidemocracia que ha caracterizado al sistema político mexicano. Muchas han sido controladas durante décadas por grupos de poder y familias bien identificables. Históricamente a su interior se han dado disputas permanentes por la democratización, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, con avances diferenciados en cada una de las instituciones. Miles de universitarios hemos levantado estas exigencias y hemos luchado por transformar a las universidades desde adentro, haciendo un pleno ejercicio de nuestra autonomía y exigiendo sólo el cese de la complicidad o la intervención gubernamental.
Por todo esto resulta, por lo menos sorprendente, cuando no francamente agresivo, que al seno de la coalición triunfadora del pasado proceso electoral y ahora gobernante existan posturas extendidas de desprecio y descalificación de las universidades públicas. Con ligereza y superficialidad se las caracteriza como instituciones corruptas y privilegiadas. Se generaliza la responsabilidad de autoridades universitarias específicas, involucradas en hechos recientes de corrupción, a las instituciones en su conjunto, a sus profesores, trabajadores y estudiantes. Se hace caso omiso de la exigencia de los propios universitarios de realizar auditorías y castigar a los directivos responsables de abusos financieros y corrupción. Esta concepción se ha visto ahora reflejada en los recortes al subsidio federal que ha sufrido la educación superior pública, en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019, recién presentado a la Cámara de Diputados.
Con todas sus contradicciones internas, las universidades públicas mexicanas, los estudiantes y profesores que las hacemos posibles hemos sido precursores y actores permanentes del cambio democrático en México. No es posible olvidar que cualquier intento de transformación del país tiene que apoyarse en estas universidades. Por un lado, es necesario revertir la contención neoliberal impulsando proyectos de expansión de la matrícula universitaria, pública y autónoma, en las instituciones existentes y en otras nuevas, que ofrezcan a miles de jóvenes más las mejores condiciones y los más altos niveles de formación. Por otro lado, es importante asumir que las universidades públicas autónomas son hoy unas de las instituciones más sólidas, preparadas y progresistas del país. Que tiene que aprovecharse su potencial para hacer propuestas y construir alternativas, pero sobre todo aceptar y promover su enorme capacidad crítica, fundada en el conocimiento que genera y transmite y también en la gran autoridad que la sociedad mexicana les confiere.
