Mazatlán, Sin., Autoridades del sector salud de Sinaloa simulan atender el caso de la adolescente de 17 años que solicitó la interrupción de su embarazo producto de una violación; incluso han cometido una serie de irregularidades, como desconocer los documentos que especifican los motivos de su petición, denunciaron los colectivos que integran la Red de la Violencia y Acompañamiento Solidario.

El Hospital de la Mujer, la Secretaría de Salud, el DIF, el Instituto Sinaloense de las Mujeres y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han hecho caso omiso, y peor aún, han retardado la respuesta para que se le practique el aborto, señalaron los colectivos.

Además, violan la Ley General de Salud en materia de protección y servicios de atención médica, como estipula el articulo 30 de la norma oficial mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Expusieron que su familia, originaria de Oaxaca, entregó un ultrasonido de la joven al Hospital de la Mujer en Culiacán, el cual revela un embarazo de 16 semanas, y ella manifestó su decisión de no continuar con la gestación por haber sido víctima de una violación, acogiéndose a lo que señala el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

De la misma forma, la Ley General de Víctimas considera servicio de emergencia la interrupción del embarazo cuando éste haya sido producto de una violación y señala que este procedimiento debe realizarse de inmediato, sin imponer condiciones.

Manifestaron que las autoridades intentan manipular con mensajes religiosos e intimidaciones a los familiares, a quienes advierten que podrían ser encarcelados si insisten en que la menor aborte.

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guera Liera, consideró que no se le ha practicado el aborto a la joven porque la entidad es un poco conservadora y es “un tema polémico.

Hay una situación producto de la violencia, la desigualdad, la pobreza, la discriminación y una agresión sexual, porque hay una falla en la sociedad y en la aplicación de la justicia. Además, la ofendida está en la libertad de hacer con su cuerpo lo que decida, pero no debe poner en riesgo su vida, sostuvo.

El rector manifestó que más allá de lo ético o lo moral, la realidad en este caso tiene que ver con el derecho a la concepción y a la libertad de la mujer de no encadenarse a un evento no deseado.