Aunque la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) contiene algunos elementos positivos, en el fondo no implica una transformación de la actual Procuraduría General de la República (PGR) en la medida en que no garantiza la independencia real del nuevo organismo, por lo cual se corre el riesgo de que sólo cambien las siglas, pero el personal y el funcionamiento sea el mismo, advirtieron académicos y especialistas.

Pablo Girault, consejero de la organización México Unido contra la Delincuencia, indicó que dicha ley incorpora muchas de las peticiones que han formulado colectivos civiles desde hace varios años, pero también incluye aspectos cuestionables, como garantizar la contratación automática de todos los empleados de la PGR sin hacer antes un balance de su desempeño.

Aunque hay gente muy valiosa que merece pasar, esto debería ser un ejercicio de evaluación y de tratar de romper redes de criminalidad y corrupción dentro de la fiscalía, dijo.

Además, la legislación no incluye mecanismos efectivos para que la nueva dependencia tenga autonomía frente al titular del Ejecutivo, tanto en lo presupuestal como en lo operativo, y propiciará un nombramiento exprés del nuevo fiscal, sin que un proceso de selección abierta y con un periodo suficiente de análisis y debate.

La ley es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente, y si no se hacen otros cambios, de nada servirá, sólo habrá un cambio de membrete y llegaremos a una situación igual a la que tenemos con impunidad total, aseveró Girault.

Hay elementos suficientes para un nuevo sistema

Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró por su parte que la Ley Orgánica de la FGR tiene los elementos necesarios para echar a andar un nuevo sistema donde haya investigación, persecución de delitos, respeto a los derechos humanos y reparación del daño a las víctimas.

La ley no me genera ruido, pero sí el que se pueda garantizar que quien vaya a ocupar el cargo de fiscal sea una persona de probidad intachable y no se le pueda vincular con algún partido político o asunto relevante, señaló el académico.

Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un órgano imparcial, autónomo y objetivo. El problema es la politización del tema, generada por la tardanza de casi cinco años en aprobar la norma, y que la persona elegida fiscal tenga tiempo para definir sus planes de trabajo”, consideró.