Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de al menos 18 entidades negaron este lunes abusar del erario y recibir 600 mil pesos de sueldo al mes, por lo que rechazaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Con protestas afuera de los juzgados federales, ruedas de prensa o portando moños blancos, los trabajadores del Poder Judicial federal de Veracruz, Morelos, Chiapas, Guerrero, Campeche, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca y estado de México se manifestaron en contra de la referida ley.

En el patio central del PJF con sede en Xalapa, el togado Isidro Alcántara Valdez dijo que hay diversas leyes e iniciativas que pueden minar la autonomía institucional, por lo que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito impulsará una amplia defensa en contra de las acciones sistemáticas e intentos legislativos injerencistas en la vida interna del Poder Judicial.

En Morelos, el PJF difundió el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados: Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del erario, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos, lo que no corresponden ni cercanamente a la realidad.

En Chiapas, Guerrero y Chihuahua, jueces y trabajadores protestaron frente a las instalaciones locales del Poder Judicial de esas entidades, donde leyeron el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados.

En tanto, el juez de distrito en Campeche Alberto Torres Villanueva acusó a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador de polarizar a la sociedad con el tema de los sueldos de jueces y magistrados.

En Baja California, el PJF se dijo en pie de lucha en la defensa de sus derechos. La magistrada del sexto tribunal unitario de circuito Edna María Navarro García advirtió que la verdadera intención de esta ley es debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho, aunque se presenta como un ejercicio modernizador que permitirá ahorros a los ciudadanos.

En Nuevo León, unos 80 jueces y magistrados portaron un moño blanco en el brazo para pronunciarse contra la iniciativa que contempla reducir sus salarios. En un Estado que se jacte de ser democrático no caben jueces dóciles o al servicio de nadie, por lo que la impartición de justicia tiene obligación de asegurar a los ciudadanos tribunales fuertes, sólidos y libres de cualquier influencia.

(Eirinet Gómez, Rubicela Morelos, Elio Henríquez, Héctor Briseño, Lorenzo Chim, Antonio Heras, Jesús Estrada y Erick Muñiz)