Basta de indiferencia e injusticia, fue la demanda de cerca de 2 mil mujeres: madres de víctimas de feminicidio y desaparecidas, así como estudiantes y activistas que salieron a las calles en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Clausuraron simbólicamente oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) y acusaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó el peor contexto de violencia para ellas.

Al gobierno electo pidieron que no las deje solas y que se comprometa a atender la violencia contra las mujeres. Se realizaron al menos dos marchas. Por la mañana lo hizo un grupo de familiares de víctimas de feminicidio que salió del Ángel de la Independencia al Zócalo; en la tarde, con organizaciones y colectivos feministas, se movilizaron del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, donde sumaron a las demandas la legalización del aborto y fin a la precarización laboral.

En tanto, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, encabezó una marcha del Parque del Empedradillo al Hemiciclo a Juárez, con la que dieron inicio las actividades de los 16 días activismo contra la violencia hacia las mujeres. Se destacó que en la capital del país más de 60 por ciento de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia.

En la manifestación participaron cerca de 2 mil personas, según cifras oficiales, por Tacuba y avenida Hidalgo, entre consignas y pancartas de No más violencia y Basta de miedo y silencio.

Amieva dijo que no se puede seguir tolerando ningún tipo de violencia de género y destacó que en el combate, su administración lleva a cabo 26 acciones con 88 indicadores para prevenir, sancionar y generar reparación del daño, lo que coloca a la capital del país en primer lugar en el diseño de medidas administrativas para atender este problema a escala nacional.

Responsables de omisión

Durante las movilizaciones de las ONG, en diferentes momentos las madres de las víctimas de feminicidio, con fotos de sus hijas y pequeñas cruces, relataron las trabas que han enfrentado para acceder a la justicia.

Silvia Vargas, mamá de María Fernanda Catalina Rico, dijo que la muerte de su hija, en 2014, fue calificada de suicidio, pero en realidad la asesinaron. Cuando supo que éste no es el único caso de este tipo expresó: No podemos seguir soportando esta clase de omisiones.

Araceli Mondragón Sánchez, madre de Maira Abigail, asesinada en 20l6, pidió al próximo gobierno que apoye a los familiares de víctimas de este delito y actúe contra la violencia. En este largo caminar no quisiéramos que otra mamá sufriera lo que nosotros estamos viviendo.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en 2017, dijo que la PGR es responsable por su omisión en los casos de feminicidio, por lo que si la institución no cambia debe desaparecer. Las manifestantes también pidieron a la sociedad no dejarlas solas y que no se normalice la violencia.

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio dijo que esta expresión máxima de la violencia contra las mujeres sigue siendo un flagelo nacional; de acuerdo con información del gobierno federal, expresó, de 2012 a 2016 sólo se emitieron 304 sentencias por este delito en el país.

En el Hemiciclo a Juárez, la coordinación del 25N –que agrupa diversas organizaciones– dijo que el Estado patriarcal, misógino y machista, así como el sistema de consumo neoliberal y de acumulación capitalista son los principales responsables de la violencia contra la vida y el cuerpo de mujeres, niñas y miembros de la diversidad sexual.