En 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas emitió 117 medidas urgentes al Estado mexicano para que se tomaran las acciones necesarias, a fin de investigar el paradero de varias víctimas de ese delito, entre ellas Ivette Melissa Flores Román, quien desapareció el 19 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.

Estos señalamientos han sido desestimados por las autoridades del país con el argumento de que las medidas del comité tienen carácter de recomendación y no implican obligación alguna.

Frente a ello, la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos tramitó un juicio de amparo en representación de la familia de Ivette Melissa. Al resolver el recurso, el juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, ordenó a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República informar sobre el cumplimiento de las diligencias ordenadas por el organismo de la ONU.

Idheas informó que en la resolución, el juez señaló que la fiscalía fue omisa en pronunciarse sobre la acción urgente; en implementar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial, seria y efectiva; en aplicar estándares de perspectiva de género y las disposiciones correspondientes a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Asimismo, resolvió que el organismo de la PGR deberá emitir un informe detallado a partir de las acciones de búsqueda e investigación realizadas y de las diligencias ordenadas por el ente internacional.

Verónica Berber Calle, abogada de Idheas, señaló que la resolución del Poder Judicial es paradigmática, ya que se pronuncia sobre el avance, la observancia y el cumplimiento de las autoridades mexicanas en relación con las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas.