La creación de una Guardia Nacional contraviene tanto la Constitución mexicana como los principios, recomendaciones y criterios emitidos por instancias internacionales que México está obligado a cumplir.

El pleno del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, ya que se asignarían las tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter castrense: la Guardia Nacional.

Lejos de ello, esta instancia de la CNDH enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones civiles en materia de seguridad a fin de que sean éstas las que se encarguen de esas labores y se reduzca la participación de elementos de las fuerzas armadas en cuanto sea posible.

EL consejo consultivo se conforma por 10 destacados expertos en derechos humanos y el ombudsman. Son electos por la Cámara de Senadores y son: Mónica González Contró, Marcos Fastlicht Sackler, Mariclaire Acosta Urquidi, Jorge Bustamante Fernández, Mariano Azuela Güitrón, Ninfa Delia Domínguez Leal, María Ampudia González, Carmen Moreno Toscano, Rafael Estrada Michel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Este cuerpo colegiado de la CNDH hace un respetuoso llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al Plan de Seguridad Pública para que se contemple una estrategia integral y razonada que, sin desconocer el trascendente papel de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias.