La tortura sexual contra mujeres bajo la custodia de agentes del Estado no es excepcional en México. En el marco de la fallida estrategia de seguridad militarizada ocurre con preocupante regularidad, pues tiene la intención de que las víctimas se autoincriminen en delitos relacionados con el crimen organizado.

Así concluye el reporte Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y en el que se documentan de manera cualitativa y a profundidad 29 casos de mujeres que fueron sometidas a estas vejaciones entre 2006 y 2015, abusos todos en la impunidad, y por el contrario 26 siguen privadas de su libertad.

Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y coordinadora de la investigación, dio a conocer los hallazgos que asientan que en 27 de los 29 casos se amenazó con violación sexual, en 16 se consumó la vejación y en 12 de esos 16 fue de manera tumultuaria. En 11 se realizaron amenazas de violación y en dos el abuso se dio frente a la familia de la víctima.

En 28 de los 29 casos las mujeres sufrieron abuso sexual mediante tocamientos, actos similares o desnudez forzada; en siete casos fueron fotografiadas o videograbadas por los agresores, en diez se les golpeó o dio descargas eléctricas en zonas sexuales, en uno hubo mutilación genital. Cuatro de los abusos de tortura sexual contra estas mujeres ocurrieron en instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.

Los perpetradores son elementos del Ejército y la Marina, así como policías de los tres niveles de gobierno. Los casos se dieron en 12 entidades: Baja California, ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.