Ante los cientos de expedientes apilados en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a cargo de Miguel Ángel Cancino, en espera de una resolución por obras ilegales y daños cometidos por inmobiliarias que afectaron la calidad de vida de los capitalinos, integrantes de la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción Inmobiliaria exigieron un informe del estado de sus denuncias, algunas interpuestas desde 2013.

En la puerta principal de la PAOT aseguraron que el procurador fue omiso porque en muchos casos, pese a tener la evidencia, dilató la investigación o emitió resoluciones que provocaron nuevas denuncias.

En las demandas, afirmaron, sólo fueron administradas los problemas para que las construcciones siguieran su curso, porque el procurador no hizo valer sus atribuciones de llamar a comparecer a los jefes delegacionales, secretarios y demás funcionarios que otorgaron permisos a inmobiliarias que violaron la ley.

Los afectados por al menos 18 megaproyectos ilegales, documentados por presentar irregularidades, entre ellos las torres Be Grand Pedregal, Urbano Park, Mitikah, Aztecas 215, Real de Santa Catarina, aseguraron que protestaron en la PAOT porque en la actual administración capitalina la procuraduría no vio ni escucho las denuncias vecinales contra el cártel inmobiliario.

Los problemas de violaciones al uso de suelo, especulación, tala de árboles, ruido excesivo, ecocidio, estrangulamiento de vialidades, desabasto de agua y daños al patrimonio y la infraestructura urbanos crecieron exponencialmente en la ciudad, pese a las denuncias, protestas y movilizaciones que realizaron vecinos colindantes, asambleas, comités y organizaciones vecinales.

La PAOT, indicaron, no hizo el mínimo esfuerzo por ayudar a contener el problema. De los casos que denunciamos en ninguno actuó por oficio, como su Ley Orgánica establece, y a pesar de abrir expedientes e investigaciones, sólo se ha limitado a pedir respuestas a las autoridades involucradas y engrosar los expedientes.

A 14 días de que concluya la actual administración, que empezó con Miguel Ángel Mancera y termina con José Ramón Amieva, demandaron al procurador ambiental dejar de ser omisos y proceder a hacer las gestiones necesarias para que de inmediato se detengan las obras que, hemos demostrado, se realizan de manera ilegal o están causando daños.

Se pronunciaron por una procuraduría que sirva a la ciudad, que sea firme en el cuidado del medio ambiente y el ordenamiento territorial; una procuraduría que no se someta a ningún poder económico ni político.

Tras su protesta, los integrantes de la coordinadora fueron recibidos por el subprocurador Emigdio Roa Márquez.