Con el objetivo de terminar con el hostigamiento telefónico de instituciones bancarias y empresas a usuarios para promover sus servicios, Morena propondrá modificaciones a diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y Federal de Protección al Consumidor, según la iniciativa que anunció su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal.

El legislador también presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para prohibir la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones con despachos privados, ya que –dijo– las instituciones públicas de educación superior o institutos públicos de investigación pueden proporcionar ese servicio.

Destacó que en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto se gastaron en asesorías y servicios profesionales un total de 280 mil 614 millones de pesos. En específico, la contratación de servicios profesionales, científicos o técnicos de 2013 a 2017 significó, en promedio, un gasto de 56 mil 123 millones de pesos al año.

En tres de los cinco años analizados, el monto ejercido superó por casi la mitad al establecido; en 2013 se autorizaron 35 mil 274 millones de pesos, pero se gastaron 66 mil 662 millones; en 2014, fueron 38 mil 659 millones, y se ejercieron 63 mil 312 millones; en 2015, 44 mil 839 millones y el gasto fue de 50 mil 104 millones; en 2016 se aprobaron 40 mil 709 millones y se erogaron 36 mil 834 millones, y en 2017, 38 mil 942 millones de pesos y lo ejercido fueron 63 mil 740 millones de pesos.

▲ Encuestadores acosan a usuarios de millones líneas fijas y de líneas móviles, señala Monreal.Foto Carlos Ramos Mamahua

Respecto del proyecto para terminar con el hostigamiento telefónico de bancos y empresas, el legislador indicó que en la actualidad no hay evidencia de multas a empresas que incurran en esa práctica. Al contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas.

Ante esta inoperacia de la autoridad es necesario modificar el marco legal que permita realmente erradicar esas prácticas comerciales. Las medidas que se plantean en la iniciativa son: prohibir expresamente que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadológicos o publicitarios, salvo que expresamente se haya brindado un consentimiento previo, informado e inequívoco.