Crear la Guardia Nacional requiere la modificación de al menos 10 artículos de la Constitución general, la modificación de 17 constituciones locales y la transformación de las facultades presidenciales, afirmó Martín Gabriel Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Advirtió que esta nueva corporación desnaturaliza el objeto para el cual fue creada la figura de la Guardia Nacional hace más de un siglo, y también evidencia que ahora que se quiere retomar como instrumento para combatir la criminalidad en el país, el Congreso de la Unión dejó en el olvido la correspondiente ley orgánica.

Autor del texto Alternativa a la seguridad: Gendarmería o Guardia Nacional, señaló que la propuesta del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 presenta fallas como el hecho de querer modificar la fracción XV del artículo 76 de la Constitución, ya que dicho ordenamiento sólo tiene 14 fracciones, y no se relaciona con las facultades presidenciales, sino con las que tiene el Senado de la República.

En entrevista con La Jornada, el especialista en ciencias penales y política criminal refiere que “en realidad lo que se tiene que reformar no tiene nada que ver con lo correspondiente al Senado, sino con las facultades del Presidente, y de entrada hay un problema jurídico, constitucional.

“No se trata de modificar un solo artículo, hay que reformar las normas contenidas en los artículos 10, 31, 73, 76, 78 y 89 en los que se mencionan las facultades y obligaciones de la Guardia Nacional, y por supuesto también se deben modificar las facultades presidenciales en lo que se refiere al uso de las fuerzas armadas y su participación en acciones de seguridad pública.

“En la propuesta presentada se muestra confusión entre las responsabilidades que abarcan los temas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, además, lo que hoy establece la Constitución nacional y las constituciones locales es que la Guardia Nacional está integrada por ciudadanos, no por militares ni por marinos ni por policías federales.

Por ello también se debe modificar todo lo relacionado con la legislación militar y particularmente la Ley del Servicio Militar Nacional, ya que en este apartado se señala que cuando un joven termina su servicio militar y llega a los 40 años de edad pasa a formar parte de la reserva de la Guardia Nacional.

Barrón Cruz, quien además cuenta con la especialidad en criminología, realiza actividades de docencia e investigación y también ha colaborado con el sistema educativo militar impartiendo cátedra en lo relacionado con la especialidad en seguridad nacional, explicó que hasta 2015 hay 17 constituciones locales que contienen normas relacionadas con la Guardia Nacional.

En estados como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Nayarit, existen disposiciones sobre la Guardia Nacional, su integración y funcionamiento, pero el mando no lo tiene el Presidente de la República, sino los gobernadores de cada entidad.

Los cambios serán importantes, ya que, por ejemplo, en Morelos, la Constitución local menciona que son facultades del gobernador cuidar la disciplina de la Guardia Nacional; en Michoacán son facultades y obligaciones del gobernador instruir a la Guardia Nacional de acuerdo con los reglamentos que expida el Congreso de la Unión, pero durante más de un siglo no se ha elaborado la legislación correspondiente, dijo.

Como parte de la vida que ha tenido históricamente este cuerpo que ahora se intenta recrear, destaca lo ocurrido en Puebla, el 5 de mayo de 1862: Ignacio Zaragoza no pertenecía al Ejército federal, él era general de la Guardia Nacional del estado de Puebla, y cuando gana la batalla contra los franceses, el presidente Benito Juárez le reconoce el grado conforme al escalafón militar, aunque él dirigía un agrupamiento civil.