Acapulco, Gro., Integrantes de organizaciones sociales y defensores del ambiente de México, Colombia y Brasil, hicieron un llamado a mantener la lucha contra la construcción de presas y represas, así como a respetar la autodeterminación de los pueblos originarios, a no violentar a los dueños de los territorios, heredados por sus ancestros, y a quienes los han habitado desde hace décadas o siglos.

Ayer por la mañana iniciaron los trabajos del 13 encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (Mapder), en la comunidad de Salsipuedes, en los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, a un costado río Papagayo, donde la Comisión Federal de Electricidad pretende edificar una presa hidroeléctrica desde hace poco más de 15 años, lo que provocaría inundaciones y desplazamento de cientos de familias.

Eloy Cruz Gregorio, portavoz del Mapder, explicó que buscan enlazar las luchas en el país para evidenciar los conflictos ocasionados por los intereses del capital, y que empresas extranjeras y el gobierno sepan que estamos unidos, luchando, y no se será fácil quedarse con nuestros bienes naturales.

Al grito de: ¡Ríos para la vida, no para la muerte!, ¡Agua y energía no son mercancía!, asistentes al encuentro advirtieron que proyectos hidroeléctricos han desplazado personas y provocado devastación del medio ambiente en nombre del progreso.

Sólo les queda resistir

Rogelio Téliz García, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que encabeza la lucha jurídica del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) en Acapulco, sostuvo que la defensa de los ríos se centra en la voluntad de los pueblos. Sin embargo, advirtió que en México las leyes están hechas para proteger los intereses de los más poderosos. A los pueblos nada más les queda resistir, nunca les pidieron su opinión. La Fiscalía General de Guerrero tiene 50 órdenes de arresto contra integrantes de la Cecop, cuyo único delito ha sido defender sus tierras, expresó.

Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hicieron un llamado a una investigación imparcial y expedita por la quema de las motos acuáticas del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz (actualmente preso en el penal de Las Cruces), ocurrida el lunes 12 de noviembre en playa Icacos.

Exigieron que el gobierno de Guerrero dé medidas de protección a Suástegui Muñoz y su familia, al señalar que su vida corre peligro. Pidieron que cese el hostigamiento contra miembros del Cecop, libertad inmediata de 19 de sus integrantes y a todos los presos políticos del país.