La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 50/2018, dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, luego de que se documentara que funcionarios de diversas instituciones estatales no cumplieron con su deber de cuidar a la activista Miriam Rodríguez, lo cual provocó que fuera asesinada en mayo de 2017.

De acuerdo con el organismo público, la muerte de la luchadora social –cuya hija, Karen Alejandra, fue desaparecida en 2012 y encontrada sin vida dos años después– es atribuible a siete servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas.

La CNDH recordó que las dos primeras instituciones estaban encargadas de proteger a Rodríguez, debido a la fuga de un reo acusado de participar en la desaparición y muerte de la hija de la defensora de derechos humanos.

No obstante, “no brindaron una protección idónea ni efectiva a la agraviada, ya que reportaron haber realizado rondines de vigilancia en su domicilio –que su familia y amigos negaron– y que no contemplaron sus actividades y la importancia de las mismas, como eran la búsqueda de personas desaparecidas y el seguimiento que daba a las investigaciones ministeriales y procesos judiciales relacionados con esos casos”.

Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Tamaulipas que repare el daño a los familiares de la víctima, colabore en la queja que se promoverá contra los siete servidores públicos involucrados, continúe la investigación ministerial por el homicidio de la defensora para esclarecer los hechos y sancione a los responsables.