El periodista de Tulum, Quintana Roo, Héctor Valdés Hernández, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), por el ataque a su vivienda con bombas molotov registrado el martes pasado.

Al ser entrevistado afuera del edificio de la PGR, señaló al presidente municipal, Víctor Mas Tah, de estar detrás de los ataques y amenazas de muerte en su contra, ya que su portal de noticias ha publicado denuncias sobre el mal uso de recursos durante su administración.

Afirmó que las primeras investigaciones que inició personal de la Fiscalía General del Estado –donde interpuso la primera demanda–, revelaron que la bomba casera que detonó frente a su portón estaba destinada para explotar en su vehículo estacionado.

Un grupo político está muy molesto por mi trabajo periodístico. Espero seguir con vida y que no sea afectado en mi patrimonio porque el grupo político que me amenaza es muy importante en la entidad, indicó el director general del Grupo Informativo Tulum.

En Chihuahua, Heriberto Barrientos Márquez, reportero de El Diario de Chihuahua, también levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y solicitó la activación del Protocolo de Protección a Periodistas para él y su familia, luego de que el miércoles tres agentes ministeriales armados acudieron a su domicilio para interrogarlo sobre reportajes que publicó hace 15 años.

La queja 561/2018 acreditó que hubo intimidación y violación al principio de privacidad por parte de los agentes de la Fiscalía General del Estado, además del interrogatorio sin notificación previa y la violación al principio de secrecía de la información contra un periodista en activo.

Por su parte, el Foro de Periodistas de Chihuahua exigió al gobierno estatal y a la FGE que cesen los actos de intimidación y amedrentamiento en contra de periodistas locales, como el que sufrió el pasado miércoles Barrientos Márquez y su familia.

Exigimos al gobernador Javier Corral Jurado y al fiscal general, César Augusto Peniche, den seguimiento puntual a la queja presentada ante la CEDH y la denuncia penal promovida, a fin de que dichos agentes sean sancionados por evidentes faltas cometidas en el procedimiento, y paren los hostigamientos por parte de la autoridad estatal hacia los trabajadores de los medios de comunicación de Chihuahua, señaló en un comunicado.