La desaparición de personas se ha convertido en el desafío más grave en materia de derechos humanos que enfrenta el Estado mexicano, admitió ayer el embajador Miguel Ruiz Cabañas en diálogo con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), al tiempo que organizaciones civiles y familiares de víctimas urgieron a la formación de un mecanismo internacional que ayude al país a combatir la violencia, la impunidad y la corrupción.

Al comparecer ante los integrantes del CED –en Ginebra, Suiza–, para defender el informe que el gobierno de México entregó a ese organismo en febrero pasado, Ruiz Cabañas presentó algunas de las medidas tomadas para enfrentar el problema, como la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Sin embargo, reconoció que esa legislación por sí sola no cambiará la realidad.

De ahí el énfasis en su instrumentación rápida y efectiva, y en asegurar que las estructuras que se crean, sean adecuadamente establecidas y cuenten con los recursos necesarios, agregó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ruiz Cabañas, quien encabezó una delegación de funcionarios y legisladores, puntualizó que el Estado mexicano ha valorado la posibilidad de reconocer la competencia del CED para recibir y examinar casos individuales de víctimas, como exigen organizaciones civiles.

Recordó que ante el cambio de gobierno en el país, la decisión sobre el tema será trasladada a la próxima administración federal.

Resaltó que el Estado mexicano da toda la importancia posible a las labores del CED, ha tomado sus recomendaciones con seriedad y las ha utilizado para guiar su trabajo los últimos tres años.

Roberto Cabrera, encargado de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, aclaró que se ha elaborado otro registro de gente no localizada, cuyo último corte arroja 37 mil 335 casos. De ellos, 26 mil ya furon identificados mediante un cruce de información, e incluso se supo quiénes son sus padres, su lugar y fecha de nacimiento.

Integrantes de organizaciones civiles y familiares de víctimas señalaron que las autoridades siguen acudiendo a foros internacionales como el del CED o el del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) sólo para matizar la violencia en el país, en vez de admitir la gravedad del tema y buscar soluciones.

En conferencia de prensa celebrada en Ginebra, señalaron que debido a la magnitud del fenómeno de violencia, corrupción e impunidad que aqueja hoy al país, es indispensable que el próximo gobierno acepte la ayuda de un mecanismo internacional de supervisión que lo asesore en el combate a estos flagelos, además de aceptar la designación de un fiscal autónomo.

Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, indicó que los familiares de víctimas tienen sentimientos encontrados, pues aunque celebran que el Estado tenga la apertura de escuchar a los organismos internacionales en las evaluaciones del EPU y el CED, al mismo tiempo nos indigna y preocupa que sólo acuda a exponer datos incompletos como si fueran logros.

Ejemplo de ello, dijo, es que la delegación oficial haya informado ante el CED que tiene casi 300 expedientes de investigación por desaparición forzada o cometida por particulares, pero omita señalar que no ha reclasificado como desaparición todos los casos que reúnen las condiciones para ello.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, enfatizó la necesidad de integrar un mecanismo internacional contra la impunidad, como en otros países, que ayude a superar la falta de capacidad y de voluntad política de muchas instituciones mexicanas.

Michelle Quevedo, del consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lamentó que Ruiz Cabañas haya tratado de sugerir que el fenómeno de las desapariciones sólo ocurre en algunas ciudades de México, o que el problema de la violencia se debe al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Reprochó que el gobierno diga que tiene 44 sentencias por desaparición forzada como si eso fuera un gran avance, pues en México hay decenas de miles de víctimas de este delito cuyos casos nunca son investigados ni resueltos.