La participación ciudadana será la pieza fundamental en el combate a la corrupción, coincidieron los exponentes en el sexto Foro Nacional Antocorrupción celebrado en la Cámara de Diputados. Para enfrentar ese flagelo se requiere de una estructura jurídica, que garantice la coordinación entre las instancias gubernamentales encargadas de enfrentarlo.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Óscar González Yáñez (PT), adelantó que esta instancia legislativa construirá un andamiaje jurídico para que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en la Ley de Confianza Ciudadana.

Se deben cortar las alas de la inmoralidad, pero no alcanza con la ética y la moral, es necesario crear instrumentos jurídicos que, independientemente, de que el servidor público sea honesto, se ciña a una normativa y que sea castigado si comete corrupción.

Indicó que para combatir ese problema se debe resolver la vida de un servidor público. “No se ha hecho, por eso existe el año de Hidalgo. No es tan fácil porque hay quienes quieren vivir en la opulencia y otros que dicen que eres mejor entre más pobre seas. Una opción es el servicio civil de carrera, pero no tiene alcances”.

Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, solicitó a los legisladores leyes sobre prescripción de delitos relacionados con la corrupción, para quienes atenten en contra del Estado, este término de prescripción se duplique o aumente a la que se establece en los ilícitos normales.

Para Juan Carlos Sánchez Magallán, Integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción, mencionó que la participación ciudadana es el mecanismo que permitirá desterrar a la corrupción e impunidad. En una democracia es fundamental que la sociedad tenga un vínculo estrecho con el gobierno en la elaboración y evaluación de las políticas públicas y conozca de qué forma gasta los recursos.

Y Lizbeth Padilla Sanabria, quien participó en 2017 como candidata a fiscal anticorrupción, aseguró que en México se tienen las herramientas legales para perseguir a los funcionarios corruptos y llevarlos a la cárcel. Lo importante es que exista buena comunicación entre las autoridades para hacer frente a la atrocidad que significa la comisión de actos deshonestos.