Washington. Un juez federal de Estados Unidos detuvo temporalmente la construcción del polémico oleoducto Keystone XL, al estimar que la administración del presidente Donald Trump no justificó de manera adecuada por qué levantó la prohibición del proyecto impuesta por su predecesor Barack Obama en 2015.

El fallo del juez de Montana, Brian Morris, sobre el oleoducto que pretende unir la provincia canadiense de Alberta con las refinerías del Golfo de México es un revés para Trump y la industria petrolera y una importante victoria para los grupos ecologistas y de defensa de indígenas.

Se proyecta que Keystone XL, con una extensión de mil 900 kilómetros, de los cuales mil 400 se encuentran en territorio estadunidense, se conecte a la existente red de oleoductos en Estados Unidos. El proyecto, cifrado en 8 mil millones de dólares, data de 2008 y permitiría transportar diariamente alrededor de 830 mil barriles de petróleo.

Trump autorizó la construcción del oleoducto tras llegar a la Casa Blanca en enero de 2017, con el alegato de que crearía puestos de trabajo y estimularía el desarrollo de infraestructuras. Anuló así una decisión tomada por el ex presidente Obama en 2015, quien negó el permiso al oleoducto, esencialmente por razones medioambientales.

El fallo del jueves pasado es temporal y requiere que el gobierno estudie a profundidad cómo afectará el proyecto al medio ambiente, los recursos culturales y la fauna.

El juez Morris alegó que el análisis medioambiental llevado a cabo por la administración Obama en 2015 para negar el permiso al oleoducto fue ignorado por el Departamento de Estado, el cual se limitó a descartar las conclusiones previas relativas al cambio climático para justificar su cambio de posición.

Agregó que dicho departamento no tomó en cuenta factores tales como el precio del crudo, el impacto del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de derrames de petróleo.

En noviembre de 2017, 5 mil barriles de petroleo fueron vertidos a las llanuras de Dakota del Sur, en Estados Unidos, tras una fuga en el oleoducto Keystone, una de las ramas del Keystone XL. La gigantesca infraestructura transfronteriza es operada por TransCanada, y ha sido combatida por las comunidades autóctonas de los territorios que atraviesa por los daños medioambientales que podría provocar.