Madrid. El Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó mediante un decreto la modificación de la legislación del impuesto de sociedades para obligar al sector financiero –bancos, cajas de ahorro y entidades prestamistas– al pago del impuesto fijado para las hipotecas. Hasta ahora esa carga fiscal la abonaba directamente el ciudadanos que firmaba el préstamo, pero tras una polémica sentencia del Tribunal Supremo –que primero dio la razón a los ciudadanos y después dio marcha atrás y apoyó al sector bancario– esa obligación cambiará.

Cuando un ciudadano compra una vivienda en España con un préstamo hipotecario tiene que pagar varios impuestos: el de transmisiones patrimoniales, que representa 6 por ciento de la vivienda; los gastos del registro público y el notario, que suponen 1.25 por ciento del valor del inmueble, y, finalmente, el impuesto de actos jurídicos documentados, que representa entre 0.75 y uno por ciento del valor de la propiedad. Es decir que una persona compra una vivienda de 100 mil euros (2 millones 300 mil pesos), a esa cantidad tendría que sumar en gastos de escrituración e impuestos un 8 por ciento del valor del inmueble, es decir 8 mil euros (184 mil pesos).

El impuesto que ahora modifica el gobierno con el decreto es el que se refiere a los actos jurídicos documentados y que lo recaudan las comunidades autónomas (en la nomenclatura territorial española serían el equivalente en México a los estados federativos).

El gobierno español justificó la reforma urgente, que entrará en vigor el próximo lunes, en la confusión generado a raíz de dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo. La primera fue que la dictó un magistrado y en la que dio la razón a un ciudadano que había interpuesto una demanda exigiendo que fueran las entidades financieras las responsables de pagar el impuesto –obligatorio cuando hay un préstamo– para la compra de un inmueble.

La primera sentencia provocó un alud de denuncias, solicitando la devolución del pago de las personas que habían firmado una hipoteca en los pasados cuatro años. Pero el Tribunal Supremo decidió convocar a una reunión del pleno para fijar una doctrina fija sobre el asunto, y tras una tensa discusión, finalmente el pasado martes se decidió dar la razón a los abogados del sector bancario, en una ajustada votación de 15 a 13.

Al día siguiente el presidente español, Pedro Sánchez, compareció para anunciar las medidas urgentes y aprovechó su intervención para reclamar a los jueces españoles que hicieran autocrítica sobre su actuación en este conflicto.

El gobierno calcula que este impuesto supone alrededor de 2 mil millones de euros (50 mil millones de pesos), que se destinan al mantenimiento de los servicios públicos y del Estado, por lo que también descartaron eliminarlo definitivamente, tal y como exigían los partidos conservadores.

El gobierno español se comprometió a velar porque el sector bancario no repercuta el costo del impuesto en el cliente, que es lo que se temen las asociaciones de afectados por hipotecas fraudulentas, que advierten que la administración no tiene las herramientas para evitarlo.