e tiene que esclarecer, desde luego, el posible secuestro masivo de migrantes –entre ellos, 65 menores y siete mujeres– que, de acuerdo con diversos testimonios, fueron capturados por un comando armado el 3 de noviembre por la noche en las inmediaciones de Tierra Blanca, Veracruz, y que habrían sido vendidos
a un grupo delictivo en territorio poblano. Y si el hecho ocurrió, al gobierno de Enrique Peña Nieto le quedan 21 días para dar con el paradero de los desaparecidos y capturar a los culpables materiales e intelectuales de semejante atrocidad.
Aunque la fiscalía poblana abrió ya una investigación sobre este episodio horrendo, la Federación tiene una responsabilidad insoslayable por dos razones: porque todos los asuntos migratorios son de su incumbencia legal y porque la acción criminal tuvo que ser obra de la delincuencia organizada.
No puede ignorarse, además, la extrema irresponsabilidad de Miguel Ángel Yunes Linares, todavía gobernador de Veracruz, el cual ofreció 150 autobuses a los viajeros para que salieran de esa entidad, luego traicionó su promesa y causó la exasperación y la dispersión de los migrantes, muchos de los cuales optaron por abordar cualquier transporte con tal de avanzar en su ruta. La retractación del gobernante es de por sí perversa porque generó falsas expectativas de movilidad en un grupo humano que la requiere desesperadamente; pero si se confirma que, efectivamente, decenas de centroamericanos se sumaron el pasado fin de semana a los más de 37 mil desaparecidos, los jugueteos de Yunes Linares podrán considerarse equivalentes a entregar al crimen organizado a los más indefensos entre los indefensos.
La vulnerabilidad de quienes intentan alcanzar el territorio estadunidense por medio de rutas terrestres por el mexicano está determinada, ciertamente, por la inseguridad pública, el estado de derecho roto, la indolencia de las autoridades, la corrupción y la impunidad que prevalecen en el país.
Pero hay también términos legales que deben ser modificados. Tal vez el cumplimiento de la Ley de Migración vigente y de sus principios podría ser suficiente para garantizar la integridad de los migrantes en el territorio nacional: “respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros (…) con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito (…) Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes (…) Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida”, facilitación de la movilidad internacional de personas
y “fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública (…) y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades”.
Eso dice una ley que no se cumple casi nunca. En el caso de la Caravana Migrante que se encuentra actualmente en el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) puso a sus integrantes en una encrucijada: forzarlos a que solicitaran la condición de refugiados, lo que implicaría internarlos durante un tiempo indefinido en estaciones migratorias
que en nada se distinguen de una cárcel, o devolverlos al otro lado del Suchiate. Tal vez algunos de los integrantes de la caravana desearan buscar refugio aquí, pero la mayoría lo que quiere es llegar a la frontera estadunidense. Significativamente, el INM no le propuso a ninguno de ellos el estatuto que en rigor les corresponde, que es el de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas
, en el cual va incluido el tránsito por México
. Y es que para otorgar esa clase de visados a los ciudadanos de países con los que no hay acuerdos de exención de documentos de viaje (casos de Guatemala, Honduras y El Salvador) el gobierno exige los siguientes requisitos: pasaporte, una fotografía, probar legal estancia (?) y presentar los documentos que acrediten alguno de los siguientes supuestos: a) Arraigo b) Solvencia económica c) Estudios hasta por una temporalidad de 180 días
(https://is.gd/RxzYHE). Pedirle a alguien que se ve obligado a dejar su país por peligro de muerte o por hambre que demuestre arraigo
o solvencia económica
es una burla sangrienta.
Urge, pues, aunque a los gringos no les guste, reformular los reglamentos para permitir el libre tránsito de migrantes hacia el río Bravo y, en tanto la violencia y la delincuencia no amainen, cuidarlos en el trayecto.
Y urge encontrar a los que, según diversos testimonios, sufrieron desaparición forzada.
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