Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri exigió este jueves que Aerolíneas Argentinas (AA), recuperada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) funcione sin pedirle plata al Estado, en medio de un paro de los gremios aeronáuticos ante el incumplimiento del aumento salarial de ocho por ciento para paliar la imparable inflación.

El paro afectó en la mañana todos los vuelos y se denuncia la intención de Macri desde que asumió el gobierno a finales de 2015 de volver a privatizar AA, que fue desmantelada por los grupos españoles a los que entregó la compañía el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), a pesar de las protestas de sus trabajadores. En este caso, el paro se originó porque el gobierno incumplió la acordada claúsula gatillo que se dispara de inmediato cuando los salarios caen a extremos límites, como en este caso.

Macri desafió desde el principio a la aerolínea de bandera y entre fuertes denuncias de corrupción y complicidad trajo al país una serie de compañías aéreas de bajo costo y violó todas las normas al entregar a algunos asociados las rutas de vuelos al exterior.

El ataque de Macri contra los trabajadores de AA fue la virtual amenaza de privatizar la empresa, pero lo que indignó a los trabajadores es que utilizó mensajes para sus hijos. “Los gremios tienen que sentarse a una mesa y decir: ‘Ya no quiero que mi hija me pregunte papá ¿por qué te tienen que bancar (mantener) los demás, por qué no se hacen las cosas como se debe en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos?”

Por primera vez, señalan los trabajadores, no se pagó el ocho por ciento contemplado en la cláusula gatillo. El paro se acató en los aeropuertos del país y participaron todos los sindicatos, después de que el pasado 2 de noviembre hubo una medida similar del sexto gremio que agrupa a trabajadores de la empresa, la Asociación de Aeronavegantes.

Todo esto sucede en momentos en que hay varias causas abiertas contra el presidente, y algunos procesos contra sus funcionarios han sido cerrados rápidamente, tras recurrir a cambio de jueces y fiscales, a los que se les arman juicios políticos, como es el caso del magistrado Luis Arias, quien intentó detener un tarifazo en la provincia de Buenos Aires y le armaron un caso con falsedades para sacarlo de su lugar.

Lo mismo ha hecho el gobierno en causas por las cuentas offshore que revelaron los Papeles de Panamá y que involucran gravemente al mandatario, su familia y varios de sus funcionarios.