Sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco no hay más discusión. La obra está definitivamente cancelada, afirma Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). No sabemos ahora el destino que tendrán esos terrenos, dice. Optar por una terminal aérea en la actual base militar de Santa Lucía no fue la mejor solución posible, pero sí la mejor solución en función de las circunstancias que teníamos, plantea.

Acepta que suspender el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una obra de 13 mil 300 millones de dólares, abrió un espacio de incertidumbre sobre el gobierno que asumirá en menos de un mes. Yo creo que no se perdió la confianza, aun cuando tenemos que aceptar que se entró en un sitio de incertidumbre, dice en entrevista con La Jornada.

Jiménez Espriú acota que las empresas que participaron en el NAIM no serán contratadas en automático para emprender la obra de Santa Lucía. El proyecto para suplir la base militar por una terminal comercial será licitado conforme a las leyes de obra pública y en ese proceso podrán formar parte las compañías que intervinieron en Texcoco, anuncia. Aunque, apunta, para Santa Lucía todavía hay que hacer el proyecto, porque estamos a nivel de anteproyecto.

Medular, el medio ambiente

El costo para las finanzas públicas de cancelar el NAIM es calculado por Jiménez Espriú en alrededor de 100 mil millones de pesos. De esa cantidad, 60 mil millones ya fueron gastados por las compañías constructoras y el resto corresponde a trabajos que ya fueron contratados y no pueden ser cancelados.

Hablar de costos por la cancelación, sostiene, es una forma de ver las cosas. Según el gobierno actual, la obra tendría un costo, a precios de hoy, de 285 mil millones de pesos. Modernizar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca para ampliar la capacidad de recibir pasajeros en esta zona del país costará 100 mil millones de pesos, asegura. Entonces, si gastamos 100 mil millones en finiquitar los contratos del NAIM y una cantidad similar en modernizar los aeropuertos y construir las dos pistas en Santa Lucía, estaremos ahorrando en relación con los 285 mil millones que costaría Texcoco, sostiene.

El aeropuerto que se estaba construyendo, además, tiene el problema de que está en un sitio muy complicado y que el mantenimiento a futuro es muy caro y ahora nos lo vamos a ahorrar. No está cuantificado cuánto, pero lo vamos a ahorrar, dice.

–El terreno donde ahora se construye en Texcoco es zona federal. ¿Qué va a ocurrir con esas tierras y con las obras que ya se realizaron?

–No sabemos ahora. Vamos a restaurar muchas de las construcciones y se tratará de recuperar el lago Nabor Carrillo. Se va a integrar una comisión multidisciplinaria para ver el uso que se le puede dar a lo que ya está ahí invertido.

–En Texcoco hay una gran cantidad de concreto y acero ya utilizado. Está construida una parte de la torre de control y los foniles que sostendrían la terminal. ¿Qué pasará con esos materiales?

–El tema ambiental va a ser medular en la reorganización de ese espacio. Vamos a tomar en cuenta eso. Una parte de la crítica en torno a ese aeropuerto fue el impacto ecológico y urbano en la zona. Tenemos que hacer muchas cosas para restaurar. Es una zona muy pobre, son municipios muy dejados de la mano de Dios. La idea es, en lo posible, aprovechar lo máximo de la infraestructura que ahí se tiene.

–¿Hay un tiempo específico para saber qué pasará con lo ya hecho en Texcoco?

–Se trata de hacerlo lo antes posible. El lunes mencionó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (durante una reunión con empresarios que participan en el NAIM), que ya se le planteó, por parte del arquitecto Iker Echeverría, un proyecto de restauración ecológica de la zona. No lo conozco, pero veremos qué hay. También se ha planteado hacer una universidad o una zona de desarrollo tecnológico.

–La decisión de cancelar Texcoco fue tomada por el presidente electo después de una consulta. ¿Considera que desde el punto de vista aeronáutico, económico, técnico y ambiental fue la mejor decisión para la industria y la economía del país?

–Estoy convencido de ello. No diría que la solución que se ha tomado es la mejor posible. Es, creo, la mejor solución en función de las circunstancias que teníamos. Si no hubiese habido una obra ya en proceso, para resolver la saturación del aeropuerto seguramente habríamos encontrado otra solución. No es nada más el aspecto aeronáutico, sino el ahorro de dinero y los impactos ecológico, urbano y social.

–Hay una crítica en el sentido de que sólo participaron en esa consulta 1.3 millones de personas, una cantidad pequeña en función del total de ciudadanos que votaron por López Obrador en julio. ¿Cuál es la valoración política que hace de este proceso de consulta?

–Le doy el más alto significado a este proceso. López Obrador durante la campaña se expresó muy claramente en contra de la continuación de las obras del nuevo aeropuerto. Y la ciudadanía le dio un voto enorme. Podremos asumir que ahí estaba ya la decisión de qué debíamos hacer. Sin embargo, el presidente electo tomó la decisión de someter a consulta un proyecto muy importante, una obra que fue decidida por una cúpula sin planeación alguna, que se lanzó con asignaciones directas y cuyo costo creció de 120 mil millones de pesos iniciales a 285 mil millones.

“La consulta no fue únicamente los cuatro días de votaciones. Antes hubo un proceso de auditorías, de consultas técnicas con ingenieros, de debate en los medios de comunicación.

Para los ingenieros no hay prácticamente imposibles. Pero sí hay obras incosteables y por tanto inconvenientes. Se han solucionado los problemas de mecánica de suelos y estructurales, con los riesgos del caso, porque Texcoco es un suelo móvil en una zona sísmica. ¿A qué costo? Eso es otra cosa, agrega.

El próximo gobierno, añade, hizo mesas de consulta sobre los temas ecológicos, sociales y de impacto urbano, en todos los casos hubo expresiones muy duras contra el aeropuerto. Se hizo una consulta pública para que, voluntariamente, la gente fuera y depositara su voto. Y de los que fueron a votar 70 por ciento se manifestó contra ese aeropuerto.

–Lo que se cuestiona es el número de participantes en la consulta, respecto del total de votantes.

▲ No sabemos por ahora el destino que tendrán los terrenos en Texcoco, explicó Javier Jiménez Espriú.Foto Cristina Rodríguez

–Está bien. Pero el universo que acudió a votar fue la culminación, un remate de todo un proceso enorme. Fuimos muy criticados por algo en lo que yo siento que hay una enorme inconsistencia. Se nos criticó de que cómo le íbamos a preguntar a la gente sobre una cosa que era un asunto técnico. Y dijimos no, no vamos a preguntar sobre un asunto técnico, sino si quieren o no un aeropuerto de esta magnitud en ese sitio.

–Se argumentó que el proyecto de Texcoco se sustentaba en años de estudio.

–Es que estaban opinando y al mismo tiempo decían que la gente no podía opinar sobre el asunto. O decían que fulano de tal no tenía derecho a opinar porque no se ha subido a un avión. Es una aberración. Hay un cambio de régimen y una nueva forma de gobierno. Aceptamos la crítica, porque a lo mejor pudo hacerse mejor el proceso de consulta. Varias empresas encuestadoras preguntaron a la gente si consideraba que era conveniente que le recabaran su opinión y la mayoría dijo que sí.

–También varias de esas encuestas, al preguntar sobre la ubicación, dieron un resultado a favor de Texcoco.

–Esa es otra cosa. La gente debe ser preguntada y la gente podrá decir yo voy por esto o no opino porque no me siento en capacidad de opinar o no quiero.

–¿Cree que se provocó algún daño en la relación entre el próximo gobierno y los agentes económicos externos e internos que criticaron la cancelación del aeropuerto?

–A mí alguien me preguntaba si se perdió la confianza. No, yo creo que no, aun cuando tenemos que aceptar que se entró en un sitio de incertidumbre. Pero esa confianza se va a recuperar. Vamos a actuar con una absoluta transparencia y con una expresión muy clara a la gente de lo que queremos hacer. Y vamos a consultar a la gente sobre los temas importantes del desarrollo del país.

–¿En el terreno práctico, cómo se va a concretar que las empresas que tienen contratos en Texcoco realicen obra en la nueva terminal de Santa Lucía?

–Los contratos en el aeropuerto que hoy se construyen van a ser finiquitados en los términos que el estado de derecho plantea. Se pagará totalmente a los contratistas. No estamos planteando que lo que les faltaba de obra la van a realizar en Santa Lucía; eso no se puede. Vamos a licitar las obras de Santa Lucía y los vamos a invitar a participar. Los empresarios (que participan en Texcoco) están en la mejor disposición de seguir participando, hay una gran confianza en el gobierno y van a participar en las licitaciones, ya sea Santa Lucía, el Tren Maya o carreteras, presas y escuelas.

–¿El próximo gobierno deberá pagar alguna penalización por incumplimiento de contratos en Texcoco?

–Ninguna. Los contratos del gobierno no tienen penalización, sobre todo cuando una obra se suspende por interés publico.

–¿Y sacará entonces a licitación el proyecto Santa Lucía?

–Claro. Y el de Toluca y la Ciudad de México. Naturalmente saldrán a licitación.

–¿Podrán participar los actuales contratistas?

–Claro. Excepto el ingeniero (José María) Riobóo (empresario constructor y asesor del presidente electo). Para que quede claro.

–¿Se presentará una contingencia de finanzas públicas por este tema?

–Supuestamente no. El doctor (Carlos) Urzúa (próximo secretario de Hacienda) y el ingeniero (Alfonso) Romo (futuro jefe de la Oficina de la Presidencia) están viendo estas cosas. Esperamos que no haya ninguna contingencia.

–Respecto de Santa Lucía. En días recientes se ha conocido la oposición de pobladores de la zona a convertir la base militar en aeropuerto comercial.

–Vamos a iniciar conversaciones con ellos. El impacto que puede haber en Santa Lucía es bastante menor, porque vamos a construir el aeropuerto en un terreno que es aeropuerto. Buscaremos los mecanismos de mitigación y vamos a hablar con las comunidades aledañas.

–Mencionó sobre Texcoco que había un problema de conectividad. ¿De qué manera se resolvería en Santa Lucía la conectividad con los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca?

–Está planteado en el anteproyecto una vía confinada. Vamos ver cómo se va a solucionar: si un tren que vaya ahí o una vía confinada para autobuses.

–¿En qué momento el próximo gobierno publicará la licitación para Santa Lucía?

–Suponemos que en un par de meses o tres. Primero hay que hacer el proyecto y al mismo tiempo vamos a iniciar el estudio del espacio aéreo. Confirmamos que es viable la comunicación entre los dos (aeropuertos, el de la Ciudad de México y Santa Lucía), pero sí hay que rediseñar el espacio aéreo para que las frecuencias que se van a dar entre las dos terminales sean suficientes para atender el problema de saturación. Una vez que tengamos el proyecto haremos las diferentes licitaciones para la construcción de las pistas, las plataformas y la terminal.

–¿Cuánto tiempo calcula que pueda demorar?

–La instrucción que tenemos es trabajar a marchas forzadas para que el aeropuerto sea operativo en tres años.

–El hoy presidente electo aseguró en más de una ocasión durante la campaña que en Texcoco había corrupción. Ahora, el próximo gobierno señala que las empresas que participaron en Texcoco podrán hacerlo también en Santa Lucía. Usted dice que el problema del aeropuerto que fue cancelado es de costos, no ha mencionado la palabra corrupción.

–Es de costos e impactos.

–Pero no ha mencionado la palabra corrupción. ¿Hay o no corrupción en Texcoco?

–Eso lo vamos a analizar próximamente. Lamentablemente hay cosas no muy transparentes. Los contratos que se han licitado aparentemente llevan todas las normas de transparencia y vigilancia y es donde han participado estas empresas. Esos contratos cubren casi 80 por ciento del total, pero hay un 20 por ciento de contratos que fueron de asignación directa, son más de 300. Eso necesitamos revisarlo. Son muchos contratos de volúmenes menores. Pero los volúmenes menores en un proyecto de esa naturaleza, si se habla de entre 10 y 15 por ciento de 180 mil millones de pesos, pues son 25 mil millones de pesos y esos se han asignado directamente.

–¿En Santa Lucía habrá asignaciones directas?

–No, salvo aquellas que se establecen en la ley como muy claras y específicas. Si es que hubiera, serían absolutamente excepcionales.