Las comisiones de Gobernación de ambas cámaras del Congreso continuaron los trabajos de análisis del dictamen de reformas a la administración pública federal, con el reclamo de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social respecto a que las modificaciones son para centralizar el poder en el Ejecutivo; que a la oficina de la Presidencia la convierten en ejecutora de políticas públicas; que la disminución de facultades a la Secretaría de Gobernación (SG) la deja famélica, y que convierten a Hacienda en una supersecretaría.

La diputada priísta Dulce María Sauri manifestó que al dejar la política de comunicación en una Oficina de la Presidencia se genera una colisión de funciones con la Secretaría de Gobernación, porque a un órgano técnico se le convierte en uno de ejecución de políticas; ese es el primer problema, apuntó.

Además de ello, precisó Sauri, no sólo colisiona con la SG, sino también con la Secretaría de la Función Pública, y por si no fuera poco la confusión y ambivalencia que se genera, también dice el dictamen que la Oficina de la Presidencia va a elaborar y conducir el acceso a los estándares de comunicación, y al jefe de la instancia no se le puede citar a comparecer.

La senadora panista Guadalupe Murguía refutó las atribuciones que se otorgan a la Oficina de la Presidencia porque, dijo, se le dan atribuciones de conducir, instrumentar y evaluar la política de comunicación social, lo cual nos lleva a contradicciones con la SG, que también conduce la relación con los medios, con los tiempos oficiales, se traslapan las atribuciones.

La senadora priísta Beatriz Paredes argumentó: vale la pena sopesar si las facultades que se suprimen a la SG y se trasladan a la oficina del presidente son pertinentes. Desde mi punto de vista, se habrá debilitado a Gobernación.

Dolores Padierna, diputada de Morena, refirió que por primera vez en la historia legislativa se permite al Congreso ingresar a normar, regular las funciones y facultades de la Oficina de la Presidencia.