espués de años de debate, simulaciones y conexos, en días pasados se aprobó una ley que cancela las jugosas pensiones a los ex presidentes de la República, más el grueso aparato militar y administrativo que ellas implicaban. Se acabaron, pues, y todos contentos (menos los otrora beneficiarios, desde luego).

Sin embargo, falta, y mucho, porque ahora que, por fin, decidieron cancelar privilegios como los mencionados, sería más que necesario que el Legislativo se diera a la tarea de revisar otros generosísimos sistemas pensionarios –con sus respectivos seguros de gastos médicos mayores– para la burocracia dorada, la de hasta arriba, y actuara en consecuencia.

Lo anterior, porque tales sistemas de élite en el aparato gubernamental resultan no sólo onerosas para el erario, sino un insulto para todos aquellos –mayoría absoluta– que obtienen pensiones miserables tras, cuando menos, 25 años de cotizar en las instituciones de seguridad social.

En 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un estudio pormenorizado de la política pública de pensiones y jubilaciones, y entre sus revelaciones destaca que se identificaron 105 regímenes públicos pensionarios en el país, de los cuales 74 fueron de beneficio definido y 31 correspondieron a contribución definida (Afore).

Al mismo tiempo, advertía que en los ingresos que los trabajadores perciben al momento de su retiro, se identificó que en 69.2 por ciento de los regímenes pensionarios de beneficio definido no se logrará cubrir la cuantía de la pensión garantizada establecida en la Ley del Seguro Social y en 16.9 por ciento no se cubrirá la señalada en la Ley del Issste.

Así, la mayoría recibe, o recibirá, una pensión miserable, mientras la minoría gozará de las mieles de pertenecer a los altos niveles de la burocracia, especialmente la de los sectores financiero y energético del gobierno federal, que son los que otorgan pensiones de mayor cuantía a sus ex directivos.

Casos concretos para el sector financiero federal son (con datos de 2013, de tal suerte que habría que incrementar las cantidades en no menos de 24 por ciento, que es la inflación oficial acumulada, hasta julio pasado, en el sexenio de EPN) los del Banco Nacional de Comercio Exterior, con pensiones hasta de 300 mil pesos mensuales para sus ex directivos, más seguro de gastos médicos mayores y otras menudencias; Banco de México, hasta 250 mil pesos; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 225 mil; FIRA, 220 mil; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 200 mil; Nacional Financiera, 180 mil; Banrural (extinguido en el sexenio de Fox), 180 mil, y Banobras, 160 mil.

Desde su fundación, en 1937, el Bancomext registra 18 directores generales. De ellos, 10 están vivos, y la mayoría pensionados con el máximo, cuando su estancia en la dirección general del banco promedia tres años (el que más duró fue Enrique Vilatela –hoy director de un banco privado–, con siete años, y el que menos José Ángel Gurría, con unos cuantos meses).

En el sector energético, revela la ASF, los ex directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro obtienen pensiones mensuales de 285 mil pesos; los de la Comisión Federal de Electricidad, de 254 mil; los de Petróleos Mexicanos, de 250 mil, y los de PMI Comercio Internacional (subsidiaria de Pemex), de 185 mil.

De acuerdo con la ASF, 13.6 por ciento de las (65) instituciones (supervisadas) proporcionó pensiones máximas mensuales de 200 mil a 300 mil pesos; 22.7 por ciento de 100 mil a menos de 200 mil; 22.7 por ciento de 50 mil a menos de 100 mil y 39.4 por ciento otorgó pensiones máximas que no superaron los 50 mil. En los casos del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los montos son de 110 y 112 mil pesos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, cancelaron las pensiones a los ex presidentes, pero de que falta, falta, y mucho.

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