Guadalajara, Jal., La promesa del gobernador electo, Enrique Alfaro, de que el 6 de diciembre –cuando asuma el cargo– habrá una fiscalía estatal autónoma que respetará los derechos humanos, se contradice con la terna que él mismo envió la semana pasada al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que seleccionará al candidato que el Congreso ratificará o rechazará.

‘‘Vamos por una fiscalía que sirva a la sociedad, con la voluntad de impulsar su autonomía. La refundación de Jalisco pretende garantizar a los ciudadanos un gobierno de instituciones que respeten la ley y la protección irrestricta de los derechos humanos’’, dijo Alfaro en julio pasado, después de que ganó la gubernatura postulado por Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, los antecedentes de los candidatos a fiscal que propuso al SEA contradicen sus palabras.

Integran la lista dos panistas que ya fueron procuradores estatales y acumularon casi 40 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedhj) por diversas anomalías, y un académico que trabaja de abogado en un despacho vinculado con intereses de MC.

Uno de los aspirantes, Gerardo Octavio Solís, fue procurador estatal entre 2001 y 2005. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial por lo ocurrido el 28 de mayo de 2004, durante una cumbre de jefes de Estado en Guadalajara. El documento señala que, luego de una manifestación, agentes de diversas corporaciones policiacas cometieron 73 detenciones ilegales, hubo 55 casos de tratos crueles y degradantes, 73 de incomunicación y 19 de tortura contra altermundistas de varios países y otras ciudades del país.

Solís y otros funcionarios estatales y municipales no recibieron sanción alguna, pues el entonces gobernador panista, Francisco Ramírez Acuña, desacreditó el informe, pese a que hubo recomendaciones –no atendidas– de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros organismos.

La CNDH pidió sanciones y que el gobierno jalisciense procurara que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley fueran seleccionados mediante procedimientos adecuados, en los que se acreditara que ‘‘poseen aptitudes éticas y sicológicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones’’.

Atropellos premiados

En sus cuatro años de procurador, Solís acumuló 31 recomendaciones de la Cedhj que no fueron atendidas, incluidas una denuncia de 66 custodios en 2002 por autogobierno en cárceles de Jalisco, y otra, ese mismo año, por una golpiza y vejaciones de policías a cerca de mil 500 jóvenes que acudieron a una fiesta en Tlajomulco. Una treintena de manifestantes fueron encarcelados.

En lugar de ser sancionado, Solís fue nombrado secretario de Gobierno estatal en 2005, y un año después gobernador interino, tras el nombramiento de Ramírez Acuña como secretario de Gobernación en la administración federal de Felipe Calderón.

Otro aspirante a fiscal es Salvador González, quien fue procurador estatal de 2005 a 2007 y acumuló seis recomendaciones de la CEDHJ. También trabajó en la Procuraduría General de la República en el sexenio de Felipe Calderón y más recientemente con Enrique Peña Nieto, con quien fue coordinador general de investigación.

El tercero es Rodrigo Lazo, académico de la Universidad Panamericana sin experiencia en procuración de justicia. Fue presidente del capítulo Jalisco de la Barra Mexicana del Colegio Mexicano de Abogados; se le vincula con MC, partido que gobernará Jalisco a partir de diciembre, y ha sido socio de un despacho junto con Eduardo Moel, otro abogado y académico de la Universidad Panamericana quien es consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado, cargo al que llegó en 2016 impulsado por MC, con un sueldo de 180 mil pesos mensuales.