La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley de austeridad, la cual considera falta administrativa grave infringir sus disposiciones para el manejo de los recursos públicos y las remuneraciones de los funcionarios de la administración local, como la prohibición de recibir bonos, pagos por productividad o cualquier otra retribución adicional a las que les corresponden por ley, así como percibir un ingreso superior a la de la persona titular de la jefatura de Gobierno.

“Esta iniciativa es un antídoto contra la adicción al dinero de la clase política; el servicio público no es para enriquecerse ni para lograr movilidad social. Se trata de desterrar del pensamiento profundo de gobernantes y gobernados la máxima cultural del priísmo: ‘un político pobre es un pobre político’, porque ahí radica el origen de buena parte de los males de esta nación”, señaló la coordinadora del grupo parlamentario, Ernestina Godoy Ramos, al exponer ante el pleno la iniciativa.

Godoy adelantó además en entrevista que en los próximos días presentará la iniciativa de decreto de la ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos, prevista en la Constitución Política capitalina en su artículo 60, numeral 3, y trigésimo sexto transitorio, donde se estipula que entre otros aspectos deberá contener la remuneración de la persona titular de la jefatura de Gobierno, cuantificada en salarios mínimos, y la prohibición a fijar o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión.

Entre las disposiciones de la iniciativa presentada ayer, aplicable a los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los órganos autónomos, está la eliminación de partidas para la contratación de seguros de gastos médicos privados y de separación individualizada, en tanto que sólo los funcionarios de mandos superiores en cargos de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer de servicios de escolta con cargo al erario.

En la administración pública no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el presupuesto de egresos y la contratación de personal por honorarios tendrá que estar plenamente justificada.