El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, emitió este lunes un acuerdo por el que se reorganiza la estructura administrativa de la máxima casa de estudios, el cual incluye la creación de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, y a partir de hoy el nombre de la Oficina del Abogado General se denominará Oficina de la Abogacía General.

El documento, que va acompañado de otros tres acuerdos rectorales, enfatiza la importancia de la protección de los derechos humanos y la adecuada vigilancia del campus; además dispone de mayores elementos para el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de prevención y atención de riesgos, de servicios generales, movilidad y transporte, así como a la atención del esparcimiento y la salud.

Los acuerdos, publicados ayer en la Gaceta UNAM, con lo cual entraron en vigor, explican y especifican los motivos de los cambios. El objetivo es fortalecer la coordinación y calidad en la gestión institucional y el impacto de sus funciones sustantivas en los ámbitos escolar, académico y administrativo, además de las políticas universitarias en materia de prevención y atención de riesgos. Sobre este último punto hay varios considerados en los acuerdos publicados.

De manera particular, la nueva Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria –se señala– dependerá directamente de la Rectoría y la persona titular será nombrada y removida libremente por el rector.

Algunas funciones de la secretaría en referencia son la implementación de políticas que salvaguarden la integridad de los universitarios, y de sus actividades en los recintos de la casa de estudio, así como coordinar los esfuerzos para la elaboración, actualización e implementación del plan maestro de seguridad para la UNAM, el cual tendrá metas a corto, mediano y largo plazo.

Desaparecen y crean instancias

Con la desaparición y creación de instancias, los acuerdos establecen en sus artículos transitorios que los ajustes correspondientes en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como de espacios físicos, se harán previo estudio y en estricto apego a la legislación universitaria y demás disposiciones aplicables.

Además, señala que en los aspectos laborales de la reorganización de la estructura administrativa serán atendidos con estricto apego a la normativa universitaria y demás disposiciones aplicables.