Ante el Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos al que será sometido México este miércoles, organizaciones defensoras de niños, niñas y adolescentes manifestaron su preocupación por el escaso cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con las garantías de los menores.

Mónica Yerena, de Enlace Institucional de Educando en los Derechos y la Solidaridad (EducaDyS), señaló que en los dos ejercicios anteriores, 2009 y 2013, el país ha sumado 39 recomendaciones. Entre las que no se han cumplido están la situación de adolescentes con discapacidad y la falta de un marco jurídico alineado con la normativa internacional.

En conferencia de prensa, indicó que “la vida de la mitad de la población en el país, cerca de 40 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ha sido fuertemente impactada por el contexto de criminalidad, impunidad, violencia e inseguridad.

Rafael Castelán, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas a la fecha se tienen contabilizados 6 mil 330 menores desaparecidos, 73.9 por ciento de ellos en el presente sexenio.

Mauricio Pineda, coordinador general de FM4 Paso Libre, destacó la vulnerabilidad en la que viven los migrantes menores. El Estado mexicano privilegia la condición migratoria y de viaje sobre el principio de interés superior de la niñez.

Expuso que de 2009 a 2016 la detección de la niñez migrante no acompañada se ha triplicado y en ese periodo se contabilizaron 281 mil detenciones. Indicó que en los primeros nueve meses de 2018, han recibido a más de 400 menores.

Sarahí Estrada, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que al contexto de criminalización y violencia que viven los jóvenes se suma la precarización laboral, la pobreza, la falta de educación y reconocimiento de sus derechos.

Las organizaciones, incluida la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, recomendaron al Estado mexicano una serie de medidas, entre las que destacan asignar un presupuesto progresivo y generar las condiciones para cuidar a niños y adolescentes a escala municipal, estatal y federal, incluyendo a las procuradurías de protección.