Si un comprador en cualquier supermercado de Florida ve jitomates con la etiqueta de Fair Food Program (Programa de Comida ­Justa), puede tener la certeza de que el jornalero que cosechó el producto trabajó en condiciones justas, libre de abusos y explotación. No es un programa marginal.

Lucas Benítez, líder de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, polo agroindustrial en el suroeste de Florida, explica en entrevista que a la fecha, después de más de tres lustros de boicots, plantones y marchas, las 14 principales firmas de supermercados y comida rápida de Estados Unidos (Walmart, McDonald’s, Pizza Hut, John Brands, entre otras) accedieron a suscribir con la coalición (CIW, por sus siglas en inglés) convenios que condicionan la compra de jitomates a los productores que cumplan un código de conducta que representa una vanguardia en el universo de las relaciones laborales en el país del norte.

Así, 90 por ciento del jitomate que se consume en Florida es producido por cerca de 35 mil jornaleros que ganan un centavo de dólar adicional al salario que se paga en otros ranchos; un centavito que representa una derrama de 32 millones de dólares distribuidos entre los jornaleros. Además, están amparados por el código de conducta que Benítez resume:

“Se prohíben los trabajos forzados, el trabajo infantil, el hostigamiento sexual y la violencia física o verbal en el lugar de trabajo. Los trabajadores deben ganar al menos el salario mínimo vigente, y no se les puede exigir que entreguen una cubeta copeteada, porque la medida está estrictamente reglamentada, 32 libras, una cubeta llena al ras. Esto, en comparación a las prácticas anteriores, representa 10 por ciento más de paga.

Y otras cosas que no parece que sean mucho pedir, pero que en muchos campos agrícolas en Estados Unidos todavía son negadas: las empresas están obligadas a proporcionar agua limpia, baños higiénicos y lugares con sombra en los campos. Tienen derecho a tomar agua, ir al baño y tomar descansos durante la jornada laboral. Se les debe permitir retirarse de los campos si se fumigó con sustancias nocivas o hay condiciones climatológicas de riesgo. Deben tener transporte seguro.

Principio del jiu jitsu

–En la historia de las luchas de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, inmigrantes y mayoritariamente mexicanos siempre se intentó negociar con el ranchero. Ustedes, al parecer, hicieron las cosas al revés.

–Así es. Es como el principio del arte marcial jiu jitsu, usamos su propia fuerza contra ellos mismos. Volteamos los términos: en lugar de enfrentarnos a un patrón que no iba a acceder a nada fueron a negociar con quienes sí podían doblar la voluntad del patrón, sus compradores.

Los líderes de Immokalee fueron a las oficinas de los corporativos en Nueva York y las grandes ciudades (Walmart, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, Trader Joe’s, la cadena de restaurantes Chipotle) a presionar y negociar, y lograron convenios que condicionan a sus proveedores a aplicar el código del Programa de Comida Justa.

“No fue fácil, hay una resistencia tremenda. Con John Brands, la principal cadena de comida rápida, nos tomó cuatro años. Con Wendy’s llevamos cinco años de lucha, haciendo campañas.”

–¿Campañas de qué?

–Principalmente boicot de consumidores. Ahora estamos en boicot contra Wendy’s. Involucramos a las iglesias y a las universidades. Aquí la participación de los jóvenes es muy importante, porque es el principal mercado de sus hamburguesas. Tienen una campaña que se llama Jálale las trenzas a Wendy, en alusión a la niña de su logotipo.

–¿Sólo en Florida aplica este ­código?

▲ Lucas Benítez, uno de los líderes más reconocidos contra el trabajo esclavo en la agricultura estadunidense, durante la entrevista con La Jornada.Foto Carlos Ramos Mamahua

–En otras zonas de la Costa Este (Georgia, Maryland, las Carolinas y Nueva Jersey y Texas) se está replicando este modelo, también en campos de fresa y pimiento. Nuestro ejemplo ha cundido. En Vermont ranchos lecheros que venden a la marca de helados Ben & Jerry tienen un programa similar.

–Parece toda una revolución…

–Son cambios que parecen pequeños, pero son importantes para el trabajador y para las compañías. Yo digo que hemos creado una nueva industria donde los derechos laborales son una realidad, y verificables.

–Políticamente parecería que Florida, históricamente republicano, no sería el lugar idóneo para que surgiera un movimiento así.

–Lo que hicimos es meter los derechos laborales en la perspectiva de los derechos humanos. Aun los políticos republicanos más conservadores están obligados a decir algo. Un ejemplo fue Jeb Bush. Me reuní varias veces con él. Finalmente logramos meter el código dentro de su plataforma política y hasta declaró al estado como territorio libre de trabajo esclavo.

El abuso laboral en persona

–¿Cómo se ubican en la perspectiva de estas luchas que tienen referencias tan importantes como César Chávez en California, en los años sesenta?

–Nuestro movimiento es bastante más joven. Empezamos en 1993. Lo que hicimos aquí es una innovación, una receta que cocinamos a fuego muy lento.

Lucas Benítez es originario de Arcelia, Tierra Caliente de Guerrero, que hoy es un territorio en poder de los cárteles que manejan el narcocultivo. No era así en su infancia. Cuenta que terminó el bachillerato y siendo hijo de campesino y familia numerosa, no tenía opción de seguir estudiando. Y como muchos, tomó camino para el norte.

Muy pronto, a los 17 años, conoció en persona el abuso laboral. Fue en pleno campo, me detuve un momento para tomar resuello y el patrón me golpeó. Entonces empezó a maquinar en su cabeza: ¿Acaso ese era el país de las libertades? Conoció a otros que pensaban igual que él, que ideaban formas de hacer valer los derechos de los trabajadores. Eran los años noventa. Ahora es uno de los líderes más reconocidos en Estados Unidos contra el trabajo esclavo en la agricultura.

Benítez no quiere dejar de lado en la entrevista el tema del acoso sexual que es, dice el pan de cada día entre las jornaleras en los campos agrícolas estadunidenses. Ha sido una meta y un logro del código de la CTI. De acuerdo con el código, si hay una queja de una trabajadora por algún tipo de acoso se tiene que investigar por una comisión independiente. Si se comprueba la agresión, el ranchero no sólo tiene la obligación de despedir a esa persona sino que su nombre entra a una lista negra que se circula en toda la industria. Así queda excluido de un empleo.

Human Rights Watch determinó en 2010 que en los campos agrícolas de California 80 por ciento de las mujeres han sufrido este tipo de ataques. Si denuncian, sólo 25 por ciento de los casos se resuelven en favor de la víctima.

–En plena era de Donald Trump, donde se multiplica desde las más altas instancias el discurso de odio contra la población migrante, ¿no ha sido difícil mantener y consolidar los logros de esta lucha?

–Ha cambiado el ánimo de la sociedad, cada vez más racista. Ha empeorado la situación de trabajadores. Ahora los indocumentados son mucho más vulnerables porque si son víctimas de algún delito o robo ya no se sienten con el derecho y la confianza de defenderse.

Pero no ha afectado tanto al Programa de Comida Justa. Aquí no rige la política. Lo que rige son las fuerzas del mercado.