as airadas protestas relativas a la supuesta ilegalidad
de la consulta realizada por el equipo de transición del presidente electo sobre la ubicación del nuevo aeropuerto revelaron la predominancia de un enfoque profundamente reaccionario y conservador en relación con la naturaleza y la función del derecho. Tantas décadas de autoritarismo institucionalizado nos han acostumbrado a confundir la legalidad con la vida y el estado de derecho con la razón de Estado.
El constitucionalismo moderno y republicano logró la gran hazaña histórica de someter toda actuación estatal a las leyes. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie
, afirmaba el gran jurista mexicano del siglo XIX José María Iglesias. Un estricto compromiso con el estado de derecho evita el abuso del poder tanto por los funcionarios públicos como por los llamados poderes fácticos
, que si bien no ocupan cargos gubernamentales también ejercen un fuerte poder económico, mediático o social.
Ahora bien, algunos quisieran extender esta lógica de estricta legalidad para incluir también a la ciudadanía. Desde este punto de vista, los ciudadanos de a pie constituimos una amenaza para la institucionalidad democrática y debemos ser sujetos a los mismos controles que los funcionarios públicos y los grandes empresarios. Solamente deben ser permitidas las consultas populares que estén expresamente reguladas por la ley, por ejemplo.
Quienes enarbolan este enfoque pervierten el principio de legalidad
que dicen defender. El hecho de que la autoridad solamente pueda hacer lo que esté expresamente señalado en la ley, no implica que el ciudadano cuente con los mismos límites, sino todo lo contrario.
Dentro del marco de un estado democrático de derecho los ciudadanos somos libres para hacer literalmente lo que se nos antoje siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley. De ahí el principio fundamental del derecho penal nullum crimen sine lege, que significa que no hay delito ni castigo posible si no existe una ley que expresamente lo prohíba y además una pena específica para el comportamiento correspondiente.
Tantas décadas de legalismo autoritario han instalado en la conciencia colectiva la idea de que los ciudadanos somos quienes tenemos que servir al Estado y no viceversa. La obsesión hiperinstitucionalista del PRI y sus aliados del PAN y el PRD ha generado una terrible confusión entre el estado de derecho y la razón del Estado en las mentes de muchos juristas.
En un verdadero estado democrático de derecho las instituciones públicas deben subordinarse a los ciudadanos. El artículo 39 de nuestra Constitución lo señala con toda claridad: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste
Así que el hecho de que un grupo de ciudadanos haya organizado una enorme consulta a más de un millón de ciudadanos no es de ninguna manera ilegal ni anticonstitucional, sino todo lo contrario. Como expresión de libertad ciudadana y soberanía popular funge como un ejemplo y un faro a seguir hacia el futuro.
Ahora bien, el hecho de que el futuro presidente de la República haya decidido basar su decisión respecto del futuro del aeropuerto en una consulta que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 35, fracción octava de la Constitución tampoco presenta irregularidad alguna. Estos requisitos constitucionales se deben cumplir cuando se trata de otorgar un poder vinculatorio a una consulta, de obligar con la fuerza de la ley a un presidente reacio a tomar en cuenta a la ciudadanía.
Pero hoy nos encontramos en una coyuntura política radicalmente diferente al pasado. A partir del primero de diciembre contaremos por primera vez en décadas con un jefe de Estado a quien no tenemos que obligar a subordinarse a la voluntad popular, sino que lo hace por voluntad propia y está dispuesto a aceptar una consulta como válida aunque no cumpla con los exagerados requisitos legales diseñados por los gobiernos autoritarios del pasado.
El supuesto atropello legal
de Andrés Manuel López Obrador es en realidad un profundo homenaje que rinde el presidente electo a la letra y el espíritu del artículo 39 constitucional.
Quienes critican esta acción libertaria sólo evidencian su vocación autoritaria. Añoran los tiempos en que los ciudadanos fueron brutalmente reprimidos en lugar de tomados en cuenta a la hora de las decisiones gubernamentales.
Paradójicamente, muchos de quienes hoy exigen un férreo control estatal sobre las acciones ciudadanas, simultáneamente rechazan el intervencionismo estatal en la economía. De acuerdo con su perversa lógica, el Estado debe dejar en paz a los inversionistas
, pero reprimir y controlar a los ciudadanos. Una vez más, el fascismo y el neoliberalismo demuestran ser dos caras de la misma moneda.
Twitter: @JohnMAckerman
