Se incumplió orden de aprehensión contra uno de los probables responsables del delito
Sábado 3 de noviembre de 2018, p. 31
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 46/2018, dirigida al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por irregularidades cometidas en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en el estado de Guerrero, en contra de dos personas que continúan desaparecidas.
A través de un comunicado, el organismo público indicó que los agentes del Ministerio Público encargados del caso, así como el personal de investigación, omitieron realizar una serie de diligencias que, de haberse llevado a cabo de manera oportuna, hubieran ayudado a encontrar a las víctimas de este delito y también a los autores del mismo.
De igual forma, la CNDH descubrió que personal de la División de Investigación de la Policía Federal había incumplido una orden de aprehensión contra uno de los probables responsables del ilícito investigado.
Por otra parte, documentó que los agentes ministeriales de la Federación no agotaron todas las líneas de investigación, ya que solicitaron a la Policía Federal indagar sólo aspectos relacionados con los probables responsables del delito, pero omitieron ordenar la búsqueda, localización y rescate de las víctimas.
No inspeccionaron los audios que entregaron los policías federales sobre las negociaciones e intervenciones telefónicas; no ordenaron ni solicitaron la colaboración de las distintas autoridades para la búsqueda de las víctimas ni se investigaron los datos aportados por los testigos.
De la misma forma, tampoco solicitaron a un juez la intervención de las líneas telefónicas de otros sujetos relacionados con los probables responsables, ni dieron seguimiento al número telefónico de una de las víctimas que era utilizado por el probable responsable para la negociación del pago del rescate, tampoco se solicitó la intervención judicial de dicha línea telefónica, sino hasta 37 días después del delito.