A partir de 2017, México pasó de ser país de tránsito a una opción de destino para centroamericanos, señaló la Secretaría de Gobernación (SG).

En un amplio estudio titulado Poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad, difundido esta semana, detalla el reciente incremento del desplazamiento de núcleos familiares de personas originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente.

También muestra datos acerca de la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El incremento de solicitudes está demandando indudablemente un fortalecimiento institucional y la necesidad de fomentar la cooperación internacional, advirtió.

Del total de solicitudes de refugio (14 mil 596 durante 2017), casi 40 por ciento de los dependientes de los peticionarios son niños menores de nueve años, mientras la mitad de todos los casos registrados no habrían sido aún resueltos, según datos oficiales disponibles al cierre de ese año, pese a que el plazo máximo para emitir una respuesta al extranjero es de 45 días.

Al hacer un minucioso balance del fenómeno migratorio que impacta a nuestro país, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de Gobernación destaca el valor de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, así como la entrada en vigor de la ley de migración y de refugio, también ese año.

Las normas obligan al respeto de los derechos de toda persona y en todo momento en la República.

Mención aparte merece el tránsito de personas, consignado además en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pues indica la obligación de velar por los mexicanos en el exterior y de los extranjeros en territorio nacional.

Sin embargo, apunta la SG, el gran reto es detectarlos (personas susceptibles de este apoyo) para poder darles acceso a la protección a la cual tienen derecho.

En principio subraya que, de acuerdo con parámetros internacionales, el desplazamiento de personas es un movimiento involuntario o traslado forzoso.

México propuso en 2016, en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, siete puntos para atender el tema. El propósito era adoptar en 2018 un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, así como un pacto global para refugiados en momentos en que este fenómeno alcanzó el récord de 19.9 millones de refugiados en el mundo.

En lo que toca a nuestro país, el estudio presenta cifras del aumento de solicitudes de refugio en este sexenio y la necesidad de fortalecer la Comar.

En 2013, la comisión recibió mil 296 solicitudes de extranjeros, pero el año pasado la cifra se acercó a los 15 mil.

Los datos de 2018 no se conocen –y esa omisión es parte del rezago–, pero se sabe de manera extraoficial que ya se ha rebasado el nivel de 2017.

De los peticionarios del año pasado, 65.8 por ciento fueron hombres y 34.2 por ciento, mujeres; aunque poco más de la mitad de los dependientes son niñas y mujeres adultas.

El análisis, elaborado por especialistas de la UPM, explica que la primera opción de los migrantes de Centroamérica y del Caribe es llegar a Estados Unidos o Canadá.

No obstante, una vez que pisan México solicitan refugio como alternativa en caso de que falle su objetivo central, lo cual genera sobrecarga de trabajo a la Comar.

Es así que 52.9 por ciento de las solicitudes recibidas por esa comisión durante 2017 (poco más de 7 mil) tenían el estatus de resolución pendiente, según la más reciente compilación anual.