l reciente encarcelamiento de Keiko Fujimori –una prisión preventiva de 36 meses para investigar y sentenciar un presunto lavado de activos– quita del juego a la lideresa de Fuerza Popular, el principal partido de oposición y primera formación en el Congreso, y abre un nuevo, inédito capítulo en la historia política de Perú.

Desde que hace dos años y medio perdió la competencia para la presidencia por segunda vez, pero conquistó la mayoría absoluta en el Congreso unicameral de 130 diputados, la hija del ex dictador, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos y un enorme desfalco al patrimonio nacional, no ha parado ni un solo día de atacar al poder ejecutivo con la furia y la obstinación de un perro rabioso.

El resultado de este ataque sin fin, radicado en la falsa creencia de que le habrían robado la presidencia, ha sido tumbar a numerosos ministros y al propio presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, y sobre todo paralizar la actividad del gobierno, utilizando al poder legislativo como una especie de boa constrictor institucional.

Este golpeteo continuo a las instituciones y a la democracia en general, acompañado de un liderazgo despótico y humillante para sus mismos correligionarios, reducidos a aplaudidores y sobones incompetentes, no podía más que producir frutos envenenados, y no era difícil prever que tarde o temprano le caería el chahuistle.

De hecho, las primeras grietas en su edificio de poder comenzaron a aparecer a final de 2016, cuando una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a hacer luz sobre el caso Odebrecht, que involucraba a nueve países latinoamericanos –más Angola, Mozambique y el propio Estados Unidos– en un gigantesco sistema de sobornos estructurado por la constructora brasileña en complicidad con los gobiernos interesados.

El método Odebrecht, seguramente compartido por otras sociedades del mismo tamaño, es prácticamente infalible, en cuanto amarra los contratos con los gobiernos antes de que ganen las elecciones, financiando al mismo tiempo las campañas de todos los candidatos favoritos. Comprando todos los boletos de la lotería, es obvio que se gana. Y los ríos de dinero que fluyen para los megacontratos, incrementados por sucesivas adendas, siguen bañando a los políticos una vez en el poder.

En el caso de Perú, se ha calculado que los pagos de 29 millones de dólares de sobornos, repartidos entre cuatro ex presidentes y varios candidatos, generaron a Odebrecht más de 143 millones de ganancia. Un negocio redondo. Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, quien decidió colaborar con la justicia para salvar su pellejo, involucran también a Keiko Fujimori, que recibió, para la sola campaña electoral de 2011, una ayuda de 1.2 millones de dólares.

Sin embargo, el lavado de dinero no es el único delito ni el peor de la hasta ayer omnipotente lideresa, quien también es juzgada por la creación de una organización criminal en el partido Fuerza Popular, una acusación que lleva al banquillo de los imputados a muchos otros miembros del partido, presuntamente dedicados a captar aportes ilícitos para tomar el poder y realizar actos de corrupción.

El segundo temblor que cimbró la fundación del edificio fujimorista fue, a finales de julio, el desmantelamiento de los Cuellos Blancos del Callao (el puerto de Lima), una organización delictiva integrada por abogados, magistrados, servidores públicos y empresarios que se dedicaba a cohechos, gestiones ilícitas, tráfico de influencias y obtenía sentencias favorables y designaciones en cargos específicos.

En la red, lanzada por la valiente fiscal de crimen organizado, Sandra Castro, han caído, gracias a miles de interceptaciones telefónicas, 13 magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público. Un juez supremo, César Hinostroza, se encuentra actualmente detenido en Madrid en espera de extradición.

Desde el inicio han aflorado las relaciones entre los fujimoristas, junto con los pocos supervivientes del Apra, reducido a patético furgón de cola de Fuerza Popular, y los miembros de los Cuellos Blancos.

Entre las grabaciones de las miles de conversaciones incriminadas, cuyo conjunto revela la increíble podredumbre del mundo judicial, hay una particularmente indignante, en la que el juez Hinostroza negocia la reducción de la pena (o la posible absolución, según la tarifa) para el violador de una niña de 12 años.

El parteaguas marcado por el encarcelamiento de Keiko Fujimori ha abierto la posibilidad de una renovación política y una limpieza general que logre barrer la corrupción desde las gradas más altas, satisfaciendo los anhelos de una sociedad asqueada. Falta reconocer la enorme contribución que ha dado –y sigue dando– la prensa independiente a este proceso, en primer lugar la revista IDL Reporteros y su director, Gustavo Gorriti.

En este contexto político, la primera tournée de Paquita La del Barrio en Perú, con su famosísimo hit, anunciada para el 6 de diciembre, arrasará seguramente.

* Periodista italiano