a Cuarta Transformación podría ser vista como el anverso del Pacto por México.
Al inicio del gobierno de Peña Nieto había una crisis de representatividad y la confianza en las instituciones estaba en su punto más bajo. Los antagonismos se daban no sólo entre la calle y el estado, sino en los corredores mismos del poder. La confluencia de modernizaciones económicas y políticas fallidas encontró su punto de fusión cuando el eje central del Pacto por México hizo agua. Limitar y regular a los poderes fácticos fue el leif motiv del Pacto. La limitada capacidad para hacerlo una vez cerrado el círculo legislativo de las reformas estructurales terminó desprestigiando a sus promotores y debilitando al poder del estado.
Las reformas estructurales de los 90 exigían dictaduras militares o gobiernos autoritarios para llevarse a cabo. 30 años después en regímenes democráticos, la construcción de consensos exige un enorme esfuerzo de negociación política y una profunda y deliberada reconstrucción institucional. Las reformas estructurales de 2013 se impulsaron en el ámbito de una democracia caracterizada por su debilidad institucional. Otras prácticas operativas no formalizadas, pero con fuerte incidencia –especialmente el clientelismo, patrimonialismo y en efecto, la corrupción– han llenado los vacíos no ocupados por las instituciones formales, junto a diversos patrones altamente sesgados y capturados por poderes fácticos en la implementación de políticas públicas.
La forma en que se anunció y llevó a efecto la llamada consulta ciudadana sobre el aeropuerto de la Ciudad de México debilitó los argumentos que acompañaban esa propuesta. Y sobre todo afectó lo que puede ser el centro de la narrativa de la 4T.
El intenso debate sobre los procedimientos que se siguieron en la llamada consulta ciudadana oscureció lo que para mí es el fondo del debate. ¿Debe o no la ciudadanía participar en consultas sobre temas de interés nacional? ¿En caso afirmativo, bajo qué reglas? Para muchas personas, yo incluido, el artículo 35 constitucional es demasiado restrictivo en varios aspectos, uno de los cuales se refiere a la consulta popular. Por tanto, sería una inmejorable oportunidad que el Congreso de la Unión sometiera rigurosa y ampliamente a debate público este tema.
Pero el centro del debate contemporáneo en México tiene dos ejes: como se realiza la reconstrucción del Estado que tiene por eje conductor los territorios. Segundo como se reconstruyen los agentes sociales que tiene por eje la participación ciudadana.
Encontrar un camino en común en un espacio marcado por conflictos entre las élites, movilizaciones sincopadas, deterioro económico y social, sólo será posible si se ve a esta sociedad con ojos nuevos. No es la sociedad de las corporaciones, no es el ciudadano sumiso que intercambia progreso económico por retroceso político, ya no es el presidencialismo todopoderoso que articula a los poderes fácticos y a los grupos organizados de la sociedad. Avanzamos por un largo proceso de reconstrucción institucional que requerirá actos fuertemente simbólicos y diseños institucionales construidos a partir de una penosamente lenta pero vital conversación pública. Las minorías intensas –conservadoras o revolucionarias– en sus excesos y esquematismos son muy malas consejeras en este periodo crítico.
El economista Albert Hirschman utilizando en un ensayo la figura del posibilista
, convocaba a la experimentación, y a confrontar la realidad contra las panaceas, que siempre erijen barreras para entender bien y para actuar mejor. Jeremy Adelman autor de una gran biografía intelectual de Hirschman (2013) señala que la brújula ética del posibilista es un concepto de libertad definida por Hirschman como el derecho a un futuro no pronosticado
. El derecho a un futuro no pronosticado es en realidad un ejercicio de reformismo adaptativo.
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