on lo novedad, mexicanos pagadores, que al cierre de septiembre pasado el saldo de la deuda pública llegó, en números cerrados, a 10 billones 156 mil millones de pesos, un monto 72 por ciento superior al que, en diciembre de 2012, heredó el gobierno calderonista al de Enrique Peña Nieto.

Tremendo fardo el que deja la administración saliente, la que a su vez recibió un espeluznante legado del sexenio de Felipe Calderón (que aumentó la deuda 88 por ciento) y éste de Vicente Fox (que la incrementó 53 por ciento), de acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Hacienda. Y la economía sigue creciendo 2 por ciento.

En síntesis, en esos tres gobiernos el saldo de la deuda pública se multiplicó por cinco, al pasar de cerca de 2 billones a poco más de 10 billones de pesos, con el creciente golpe financiero que implica el pago de intereses. De ese tamaño es el paquete para el gobierno que entrará en funciones el próximo primero de diciembre.

Sirva lo anterior para calibrar algunos aspectos del anuncio de Andrés Manuel López Obrador en torno al próximo presupuesto de egresos de la federación: “se cumplirá con los pagos obligatorios y el gasto fijo, entre los que se encuentran 725 mil millones de pesos por concepto de intereses de la deuda pública…”.

Dicho monto representa alrededor del 12 por ciento del presupuesto federal estimado para 2019, es decir, en ese año de cada peso de gasto público, 12 centavos se destinarán a pagar los intereses de la deuda gubernamental, las empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo.

Con Peña Nieto el saldo de la deuda pública se incrementó más de 4 billones de pesos, pero el pago de intereses de esa misma deuda y de la heredada por Fox y Calderón sumó alrededor de 3 billones, lo que sin duda ha sido un jugosísimo negocio para la banca privada, pero una terrible pérdida para la nación.

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierte que el análisis de la deuda pública evidencia que lo complejo de esta situación se da por dos factores: en primera instancia, los datos presentados no incluyen los pasivos contingentes (deuda aun no reconocida como tal), por lo que el incluirlos implicaría una situación de inviabilidad fiscal, y en segundo término por la ausencia de resultados positivos que muestren que el mayor endeudamiento fue productivo, por lo que la mayor demanda de recursos externos no se reflejó en términos de desarrollo económico y social.

Además, detalla el IDIC, debe considerarse el costo financiero que implica para el país el incremento en la deuda, no sólo por la adquisición de mayores pasivos, sino también porque esta erogación está sujeta a las condiciones del mercado en términos de tasa de interés y, en cuanto a la deuda en capital extranjero, a la fluctuación del tipo de cambio. Su crecimiento ha sido exponencial.

El referido instituto aporta lo siguiente: entre 2010 y 2018 se tuvo un costo financiero por 3.6 billones de pesos, lo cual, de acuerdo con el presupuesto de gasto programable por destino de gasto, es cercano a todo el gasto programable presupuestado para 2018, es decir, el pago al servicio de la deuda de los pasados nueve años es equivalente al presupuesto de egresos para el país de un año, a casi 13 años del presupuesto de educación pública, 29 años de lo destinado a salud, 33 años de desarrollo social, al igual que 42 años de comunicaciones y transporte. Y eso es sólo el costo financiero (léase intereses), en un entorno donde la economía no ha generado mayor crecimiento. De ese tamaño.

Las rebanadas del pastel

Una vez más la comunidad de naciones condena el ilegal bloqueo a Cuba, pero Trump finge sordera. Por vigésima séptima ocasión consecutiva la Asamblea General de la ONU votó a favor de la isla (sólo Estados Unidos e Israel lo hicieron en contra), aunque de allí no pasa, lo que pone en duda la efectividad de tal organización.

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