esde que Miguel Hidalgo y Costilla expidió el decreto relativo a la devolución de tierras de los pueblos originarios, se ha hecho patente que el asunto de las tierras es un asunto que atañe a la vida pública de este país. En tan crucial cuestión está cifrado el pasado, el presente y el futuro de los pueblos de México.

A pesar de ello, las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, junto con la abrogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, cancelaron el reparto agrario, y forzaron el triunfo de la lógica liberal en el sentido de que la tierra, antes que un derecho, es una mercancía. Sobre dicha base, que rompió los fundamentos éticos de la Nación construidos a partir de la Revolución, se ha gestado la profunda y salvaje transformación que, en los pasados 25 años, el capitalismo neoliberal ha impuesto a nuestro país.

A contrapelo de la historia libertaria de los pueblos de México, pero dando continuidad a la contrarreforma agraria salinista, el pasado 23 de octubre del presente año, el senador Ricardo Monreal, en nombre del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que contempla la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario.

La iniciativa de reforma presentada por Monreal tiene como fin armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales.

La reforma salinista al artículo 27 constitucional tuvo como fines principales: (1) separar a los campesinos de la tierra y forzar su migración masiva a las ciudades y al extranjero; (2) facilitar el saqueo y el despojo de los territorios indígenas y campesinos por parte de los consorcios y empresas privadas; (3) convertir en mercancías susceptibles de apropiación recursos naturales; (4) dar cobijo a los procesos intensivos de explotación de la fuerza de trabajo agrícola y abaratar la mano de obra en el campo y las ciudades; y (5) desmantelar las antiguas culturas y autogobiernos indígenas y campesinos.

La iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario, da continuidad a la reforma salinista. En los hechos, forma parte de una estrategia para despojar y destruir los territorios indígenas y campesinos, poniendo en manos privadas los recursos del país a la vez que los pueblos originarios son, simple y llanamente, exterminados.

La iniciativa de Monreal enuncia derechos de los pueblos originarios contenidos en diversos convenios y tratados internacionales. También flexibiliza favorablemente los procedimientos para el nombramiento de representantes agrarios en ejidos y comunidades pertenecientes a pueblos indígenas (artículos del 33 al 35 de la iniciativa). Abre la posibilidad de designar herederos en cotitularidad (artículo 108, fracción IV), hipótesis legal que permite preservar la transmisión comunitaria de las tierras en ejidos y comunidades formalmente parcelados. Sin embargo, su propósito central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la propiedad social, así como la armonización del contexto legal agrario. Se trata, en los hechos, de una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra.

Además de convalidar el fraude del Procede, resulta grave y regresivo que el artículo 61 de la iniciativa no prohiba la asistencia de mandatarios a las asambleas ejidales y comunales de formalidades especiales o las que contemplen en su orden del día cuestiones relevantes para la vida interna de los núcleos agrarios, siendo que una de las estrategias más usadas por las empresas mineras para imponer contratos de ocupación temporal en tierras de propiedad social ha consistido en la compra de cartas poder para generar mayorías simuladas en su favor.

Estamos ante una iniciativa que anuncia, como ha ocurrido con todas las reformas liberales en el campo mexicano desde las llamadas Reformas Borbónicas hace casi tres siglos, el aún más vertiginoso despojo de las tierras ejidales y comunales. Lo hace reforzando el entramado legal que otorga certeza a los mecanismos del mercado abierto de tierras, como son los contratos de usufructo (artículo 112 de la iniciativa), los derechos a la asociación (artículo 113), a la enajenación de las tierras ejidales (artículo 114), al dominio pleno (artículos 115 al 120), el otorgar las tierras en garantía (artículos 121 y 122), así como las modalidades para participar en proyectos de inversión pública y privada (artículos 123 al 125) o aportar tierras ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles (artículo 130).

Se trata, sin dudarlo, de una continuación de las reformas estructurales impulsadas por el régimen saliente. Es, al parecer, el ejemplo palpable de que los grupos ecónimos y políticos que dirigen las riendas del país no tienen la intención de frenar la guerra capitalista impuesta, desde hace décadas, al México de abajo y a los pueblos que lo integran.

* Abogado, integrante del Congreso Nacional Indígena