Madrid. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 25 años de cárcel para los 23 líderes independentistas catalanes, acusados de los delitos de rebelión, malversación y sedición, al presentar su condena ante el Tribunal Supremo.

El fallo se vio debilitado por el repentino cambio de estrategia procesal de la Abogacía del Estado, pues tras la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez se eliminó el delito de rebelión, y reclamó penas máximas de 12 años de prisión.

El histórico proceso judicial que sentará en el banquillo de los acusados a algunos de los principales dirigentes separatistas, quienes llevaron a cabo el proceso de secesión unilateral fallido de octubre de 2017, se iniciará con una llamativa disparidad de criterios entre la fiscalía y la Abogacía del Estado.

La postura de la fiscalía es guiar y marcar el ritmo y el fondo del proceso en delitos como los que se juzgan. Pero es importante la postura de la Abogacía del Estado, al depender del Ministerio de Justicia.

La llegada al poder de Sánchez tras una moción de censura apoyada precisamente por grupos independentistas catalanes han abierto una nueva fase en ese conflicto, en el que hay diálogo institucional entre el gobierno autonómico de Cataluña y la administración española.

El gobierno de Sánchez negocia la aprobación de sus primeros presupuestos, para lo que necesita el apoyo de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Demócrata de Catalunya, quienes a cambio de sentarse a negociar reclamaron un gesto sobre la situación de los políticos encarcelados.

En el contexto de las negociaciones, la fiscalía mantuvo en su escrito las imputaciones más graves, entre ellas la de rebelión. Solicita una pena máxima de 25 años de prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, así como una condena hasta de 16 años a los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

A Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament; Jordi Sánchez, ex titular de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, líder de Òmnium, se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Sin embargo, son considerados promotores o jefes de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos una pena mayor que para los ex consejeros, de 17 años de prisión.

Además, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se decidió fortalecer la acusación contra el máximo jefe de la policía autonómica catalana cuando ocurrieron los hechos, Josep Lluis Trapero, a quien se le imputan los delitos de sedición y organización criminal.

Tras conocer los escritos tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acusó al presidente Sánchez de ser cómplice de la represión y advirtió que ningún grupo parlamentario catalán negociará ni apoyará los presupuestos del gobierno ante este nuevo ataque a las libertades en Cataluña. Desde Bélgica, el ex jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, llamó a la Unión Europea a interceder e impedir la justicia que se basa en el abuso y la venganza.