A pesar que la atención a la infraestructura y equipamiento de escuelas indígenas y comunitarias mejoró en este sexenio, los programas estrella como Escuelas al Cien y Escuelas de Tiempo Completo se vieron limitados en cuanto a la construcción de una verdadera equidad para los planteles que atienden a esta población y en condiciones de pobreza.

Los lineamientos para implantar los programas fueron inflexibles frente a las condiciones que enfrentan las escuelas indígenas y los servicios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para acceder a Internet y participar en las convocatorias, así como para contratar mano de obra local y usar materiales de la zona.

En su informe Evaluación de la política educativa dirigida a la población indígena en educación básica, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destaca que comprobar los gastos fue mucho más complejo para las escuelas indígenas y comunitarias, que están ubicadas en comunidades remotas y sin acceso a Internet, debido a la dificultad para localizar proveedores.

En un análisis de las reglas de operación, lineamientos e implementación de los programas Escuelas de Calidad (PEC), Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas Dignas, de la Reforma Educativa (PEEARE durante el ciclo 2014-2015); Escuelas al CIEN y de Apoyo a la Educación Indígena y su impacto a nivel de las escuelas de seis estados –Chiapas, Chihuahua, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán–, el INEE concluyó que existen diversas problemáticas en su diseño.

Se observa una tendencia a sugerir una población objetivo vulnerable y en rezago, y, por lo tanto, a escuelas indígenas y telesecundarias, aunque no en todos los programas se indica de forma explícita como en el PEC, Escuelas Dignas y Escuelas al CIEN, lo cual representa un problema importante; la designación vertical de los listados de escuelas beneficiarias parece constituir una tendencia en los programas, reportó el informe del organismo de evaluación.

También se destaca que el Programa de la Reforma Educativa no asignó apoyo económico en función de criterios diversificados (sólo lo hace en función de la matrícula y con un monto fijo para el Conafe) ni a partir de fuentes diagnósticas actualizadas. Tampoco posibilita la pertinencia de las mejoras en la infraestructura por la rigidez de los componentes de todos los programas, su orden de ejecución y la normatividad técnica existente desde el Instituto Nacional para Infraestructrura Física Educativa.

Se detectó que las autoridades educativas locales, pese a ser actores clave para fomentar la equidad en la infraestructura y equipamiento, incluyendo a escuelas indígenas y servicios Conafe, su papel, hasta el momento, ha sido limitado.

Además, indica el informe, las adaptaciones en la implementación son escasas, sobre todo a nivel de la microimplementación y, en general, los programas no dan cabida a recuperar lo que las comunidades escolares requieren.