La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas investigaciones en contra de funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) por probables actos de corrupción.

Sin indicar el total de las carpetas, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sobre tal situación.

Específicamente, Elías Beltrán indicó que tenemos varias investigaciones en contra de jueces y magistrados por posibles actos de corrupción en términos de sus resoluciones.

Los casos han sido denunciados desde años atrás, incluso en septiembre de 2014 Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que se debe revisar la forma en que se selecciona a los jueces y magistrados porque el Poder Judicial de la Federación ha sido infiltrado.

Ese mismo año, el CJF presentó denuncias de hechos ante la PGR en contra de los magistrados Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho por haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su encargo les correspondían.

La denuncia contra Luna Altamirano fue por su actuación en las resoluciones relacionadas con delitos de narcotráfico. Entre sus fallos a favor están los de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en 2011, así como para Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2008.

De acuerdo con la investigación del Consejo de la Judicatura, se encontró que el magistrado realizó movimientos por casi 3 millones de pesos. Además, fueron detectados movimientos por 2 millones de pesos en cuentas de sus familiares.

También revocó la formal prisión que un juez había dictado a Arturo Culebro Arredondo, identificado por la PGR como encargado de lavar dinero para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y enlace en México para el cártel del Norte del Valle de Colombia.

Otro caso fue el de los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del tercer tribunal colegiado en materia civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo, con sede en Tamaulipas, que beneficiaron al empresario Juan José Rojas Cardona, conocido como El zar de los casinos.

Al entonces magistrado del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito con sede en Jalisco, Jorge Figueroa Cacho, le detectaron operaciones inusuales: recibió tres cheques por diversas cantidades que suman un millón 792 mil 250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro.

Además, en los registros bancarios de cinco familiares se identificaron 357 depósitos cuyo origen se desconoció, por un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos.