n mes antes de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente constitucional, su equipo ha ganado una primera partida de enorme relevancia en contra de la corrupción oligárquica y del régimen al que le queda menos de un mes de vida: la anunciada cancelación de las obras para construir un aeropuerto en Texcoco, previa realización de una consulta por medio de la cual se invitó a la sociedad a manifestarse en pro o en contra de ese proyecto y de su alternativa, la ampliación de la actual base aérea militar de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto mixto comercial/militar, la recuperación de la terminal aérea de Toluca y la renovación del Benito Juárez, a fin de hacer frente al incremento del tráfico aéreo en el centro del país sin recurrir a un megaproyecto como el que pretendió hacer el peñato en Texcoco: con un historial de represión y despojo a las comunidades de la zona, enormes y evidentes inconsistencias técnicas, opacidad administrativa y contractual, el gigantesco dispendio que implicaría cerrar la terminal aérea en funciones y un impacto ambiental muy ominoso para la localidad y para toda la cuenca del valle de México.
En el ejercicio, que contó con el apoyo de la Fundación Arturo Roseblueth, participó sólo una pequeña fracción del padrón electoral, y no tuvo la formalidad de un acto de gobierno por la simple razón que el próximo presidente aún no lo ejerce. Ello no implica que se haya tratado de una consulta ilegal
, como la califican los comentócratas adeptos al viejo régimen, porque ningún capítulo de las leyes vigentes prohíbe la realización de esta clase de referendos ciudadanos. No hubo sesgo, porque en los sitios que promovieron la consulta y en los vinculados al próximo gobierno fueron subidos los documentos técnicos para que los consultara cualquiera que quisiera hacerlo, además de que en las propias papeletas de votación se presentó un resumen de las ventajas y desventajas de ambas soluciones.
La oposición se entrampó en su propio berrinche y optó mayoritariamente por negarse a participar en la consulta y por desconocer su legitimidad. A última hora, contratistas y políticos mexiquenses acarrearon a los centros de votación locales a trabajadores de la obra aeroportuaria para que sufragaran por la continuación del NAIM; en la mañana del jueves 25 de octubre –día en que inició el referendo– algunos periodistas calaron la aplicación empleada para el ejercicio para demostrar que permitía votar más de una vez, y otro tanto hicieron unos cuantos priístas y panistas, ansiosos por exhibir un supuesto mecanismo fraudulento. La vulnerabilidad se debía a un ancho de banda insuficiente que impedía avisar
al sistema central que ya había sido emitido un sufragio asociado a una determinada clave de elector para que se bloqueara la posibilidad de votos repetidos. La falla fue corregida ese mismo día y para la tarde la aplicación funcionaba con normalidad. Los únicos que se exhibieron como tramposos fueron esos pocos propagandistas de los partidos opositores que, en efecto, hicieron fraude.
El resultado abrumadoramente favorable al No
al aeropuerto en Texcoco generó la ira de las cúpulas empresariales y del PRI y el PAN. Algunos contratistas movieron sus hilos y lograron tres o cuatro reacciones adversas a los resultados del ejercicio en organismos financieros y empresariales del exterior. La oposición y sus publicistas intentaron sembrar el pánico entre los inversionistas, crear una turbulencia cambiaria grave y provocar una inmediata fuga de capitales. No lo consiguieron. Si la moneda nacional experimentó a principios de esta semana un retroceso frente al dólar, lo mismo ocurrió con las divisas argentina, colombiana y chilena, entre otras, en el contexto de un fortalecimiento coyuntural de la moneda estadunidense, y otro tanto ocurrió con las bolsas de valores de diversos países.
Además de un triunfo de primer orden para los pueblos en resistencia y para la causa ambientalista, la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue una victoria política para el próximo gobierno y para la sociedad en general. El primero dejó firmemente sentada su determinación de ejercer el poder en consulta con la ciudadanía, no con los consejos de administración de los consorcios que durante 30 años han engordado con dinero público fácil y que terminaron por imponer sus dictados al poder político. Para esa connivencia de poderes político y económico el mensaje fue claro: se acabó; no habrá más megaproyectos concebidos para satisfacer los apetitos de ganancia de diversos giros –el de la construcción, el inmobiliario, el transporte aéreo mismo– y en detrimento de las finanzas públicas, el ambiente y el bienestar de las poblaciones.
La sociedad, por su parte, recibió un mensaje claro: además del Proyecto de Nación 2018-2024, que fue abrumadoramente aprobado en las urnas el primero de julio, las decisiones estratégicas de gobierno le serán sometidas a consulta.
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