as pensiones ilegales que se adjudicaron durante décadas algunos de quienes pasaron por Los Pinos recibieron la noche de este miércoles su virtual certificado de defunción.

La decisión había sido tomada desde septiembre pasado por el nuevo Poder Legislativo federal, con absoluta mayoría de Morena y sus aliados, al aprobar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Pero Enrique Peña Nieto prefirió abstenerse de ordenar la publicación de tal decreto legislativo en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, cumplido el plazo constitucional para que el actual ocupante de la casa presidencial cumpliera ese trámite, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, ordenó de manera oficial, y con legitimidad jurídica, que tal protocolo sea cumplido.

La cancelación de esas pensiones presidenciales fue una de las propuestas más celebradas en los actos de campaña del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Para muchos mexicanos resulta inadmisible que el Estado deba mantener a personajes que incumplieron sus obligaciones constitucionales, hundieron el país y tienen sobrados recursos propios para sus gastos cotidianos. Más que pagarles, se les debería cobrar, se dijo más de una vez en esos actos electorales.

Conforme al decreto legislativo en mención, Peña Nieto será el primer egresado de Los Pinos en ser privado de los beneficios que estableció de manera ilegal Luis Echeverría Álvarez (quien presidió el país de 1970 a 1976) y luego fueron sostenidos y mejorados por los siguientes ocupantes de la silla presidencial. Echeverría emitió un acuerdo, el 7637, para disponer de por vida, y bajo las órdenes directas de cada ex presidente, de miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, además de una pensión también vitalicia, con personal administrativo y de apoyo y con los viáticos y gastos que correspondan.

En estricto sentido, tal como se publicó el primero de marzo de 2017 en esta columna (Expresidentes: devolver lo mal habido https://goo.gl/92kp4Y), Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa deberían devolver a la nación mexicana el monto de lo recibido no sólo de manera ilegítima, sino ilegal, y los responsables de autorizar y entregar esas cantidades, de manera presumiblemente delictiva, deberían responder por sus actos y recibir las sanciones correspondientes.

Sin embargo, tan orondos ex usuarios de la banda presidencial se niegan a reconocer el daño que han hecho a la economía nacional. Uno de ellos es Felipe Calderón Hinojosa, quien aprovechó la última tarde como ocupante espurio de Los Pinos para reformar el Reglamento del Estado Mayor Presidencial y aumentar hasta 400 el número de elementos disponibles para la vigilancia de él, su familia directa y ampliada y ciertos ex colaboradores por él designados.

Ahora, doliente, Calderón alega que retirarle su pensión dejará sin esos recursos a una organización para atención de niños con cáncer a la que él había cedido dicha pensión, como maniobra tramposa en el contexto de la postulación presidencial de su esposa, Margarita Zavala. Por cierto, personal asignado a esa cuota de servicios a ex presidentes participó en la recolección de firmas de apoyo para la fallida aspirante Zavala.

Peor espectáculo ofrece en estos días Vicente Fox Quesada, el empresario que llegó quebrado a Los Pinos y ahora goza de extraordinaria prosperidad (tanto él como su esposa y familiares de ambos). Como si no fuera evidente la riqueza que ha acumulado, el embotado ex presidente juega a declararse necesitado de tal pensión, mientras organiza (entre otros) negocios trasnacionales relacionados con la mariguana legalizada. Ayer, en una más de sus escenas grotescas, Fox anunció que ha cambiado de opinión y siempre sí va a apoyar la construcción de muros en la frontera norte. Puras vergüenzas.

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