or vigésimo séptimo año consecutivo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el bloqueo impuesto por Estados Unidos en contra de Cuba desde hace 58 años en el contexto de la guerra fría e intensificado en décadas posteriores mediante sanciones violatorias de la legalidad internacional. La resolución que reclama el fin del embargo recibió la aprobación de 189 países y los únicos dos votos en contra, al igual que el año pasado, fueron los de Estados Unidos e Israel.

Por otra parte, la representación de Washington ante la ONU trató de lograr el respaldo de la comunidad internacional a varias enmiendas contrarias al gobierno de La Habana que pedían el fin a las restricciones de la libertad de expresión y reunión y a la supuesta persecución de opositores, así como la liberación de pretendidos presos políticos en la isla, pero tales documentos sólo fueron respaldados en conjunto por Israel y Ucrania, además del país proponente y uno, de manera aislada, por Islas Marshall, en tanto que 110 representantes nacionales los rechazaron y 65 –entre ellos, todos los integrantes de la Unión Europea– se abstuvieron.

Mientras esto ocurría en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, acusó a Cuba, Venezuela y Nicaragua de conformar una “ troika de la tiranía”, de ser fuerzas destructivas de opresión, socialismo y totalitarismo y anunció nuevas sanciones en contra de los tres países. El funcionario manifestó lo anterior en un discurso que pronunció en Miami, ciudad en la que reside un alto número de opositores cubanos y venezolanos, en lo que fue interpretado como un acto de propaganda electoral.

Más allá de que la actual administración estadunidense esté empeñada en mejorar las perspectivas del Partido Republicano, de cara a los comicios de medio periodo que se realizarán el martes de la semana próxima, y en los que el partido del actual presidente podría perder la mayoría que ostenta en la Cámara de Representantes. Atizar la trasnochada enemistad con la isla caribeña y exacerbar la xenofobia en contra de los trabajadores migrantes, especialmente los latinoamericanos, es un empecinamiento que pone en evidencia cuán lejos se encuentra la Casa Blanca del respeto a los derechos humanos y de los propósitos de respeto a la legalidad y cooperación internacional es que deben regir el acontecer mundial.

Como se ha señalado en múltiples ocasiones, el brutal embargo a Cuba se traduce en un castigo colectivo para su pueblo cubano, lo que constituye una violación de la Convención de Ginebra. Por añadidura, las medidas previstas en contra de los grupos de centroamericanos que se encuentran en tránsito en territorio mexicano con el propósito de alcanzar la frontera estadunidense se traducirán en nuevos y masivos ataques a los derechos humanos, empezando por la denegación –ya anunciada por el mismo Trump– del derecho de asilo.

En suma, en la recta final de la campaña electoral para las legislativas del próximo 6 de noviembre el magnate neoyorquino ha centrado su estrategia en la exhibición de una actitud prepotente, fóbica y belicosa, que seguramente le rendirá un caudal de votos procedente de los sectores más atrasados y cavernarios de la sociedad estadunidense, pero que conllevará una erosión adicional a la imagen de Estados Unidos en el mundo.