El debate que se realizará por la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior –aprobada en diciembre de 2017– está previsto que empiece este mes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, Alejandro Encinas, próximo subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), se pronunció por abrogar lo más pronto posible dicha legislación.

En estrevista, Encinas dijo que espera a que el alto tribunal atienda las acciones de inconstitucionalidad que presentaron, ya que no puede subordinarse la autoridad civil y la ciudadanía a la militar. Yo suscribí la acción de inconstitucionalidad de esa ley siendo Senador, definimos claramente la necesidad de que se abrogue; espero que se atienda la acción de inconstitucionalidad que presentamos.

Se prevé que a mediados de noviembre el máximo tribunal empiece con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad y controversia; el proyecto está a cargo del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

La ley señala, entre otras cosas, que la intervención de las fuerzas armadas en los estados y municipios será por un año; pero puede haber una prórroga por decisión del presidente si considera que la amenaza a la seguridad interior persiste.

Otra de las definiciones que están en discusión es referente al uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas; en el proyecto del ministro declara la invalidez de ese concepto.

En otro tema, Encinas comentó que la regulación de la amapola es un tema que ya se ha posicionado y que está en la agenda del debate político, por lo que merece una discusión de carácter nacional.

El Legislativo tendrá que resolver sobre la iniciativa que presentó el estado de Guerrero y ahí puede haber una buena oportunidad para iniciar la discusión.

Dijo que de regularse va a atacar uno de los fenómenos que más daño han hecho a la sociedad, porque es lo que permitió el empoderamiento económico, patrimonial y de fuego de la delincuencia organizada.

Para eso mencionó que han tenido varias reuniones con la Organización de Naciones Unidas mismas que calificó como positivas, porque son sensibles a la discusión que hay en el país, están al tanto de la posición del próximo gobierno en el sentido de avanzar en la regulación de las drogas.

Para dimensionar la situación en México, durante su participación en la Vll Conferencia latinoamericana y ll Conferencia mexicana sobre política de drogas, expuso que en el país suman alrededor de 250 mil homicidios originados de la violencia en los recientes 12 años.